Catherine Juvinao señaló a Petro de escudar al “bandidaje” por pérdida de computadores en medio del escándalo de Ungrd

La pérdida de información y de computadores de dos dependencias del Gobierno nacional ha aumentado la tensión de varios políticos que han seguido la pista del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Pues, los equipos extraviados e incompletos estaban en la Consejería Presidencial para las Regiones y en el Ministerio de Hacienda.

Justamente, la exconsejera Sandra Ortiz, el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su exasesora María Alejandra Benavides, fueron salpicados en el entramado de corrupción, según revelaciones del exdirector de la Ungrd Olmedo López, que está colaborando con la justicia para recibir beneficios en el proceso que pesa en su contra. En ese sentido, habría información comprometida y, además, faltante, que podría estar relacionada con el caso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La situación generó críticas por parte de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que en X cuestionó al presidente Gustavo Petro por aparentemente tomar una postura de defensa. “Ahora resulta que todos los computadores del gobierno se pierden, justamente los que tienen la información sobre presunta corrupción. ¿Esto es lo que defiende el presidente @petrogustavo? Pasó de abanderado de la corrupción a escudar el bandidaje. Cada día más vergonzoso esto”, escribió la congresista en la red social.

Pues, en un discurso que brindó desde Buenaventura (Valle del Cauca), el jefe de Estado respaldó a Ricardo Bonilla, resaltando su trabajo en la cartera, que ha estado enfocado en disminuir el “hueco fiscal” que habría dejado el expresidente de la República Iván Duque Márquez al terminar su mandato.

Asimismo, resaltó las cualidades que le impedirían involucrarse en un plan corrupto como el que se gestó en la Ungrd. “Es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista, como hicieron en el pasado (...), si no intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”, detalló el primer mandatario en el evento público.

No obstante, apenas se estallaron los señalamientos en contra de Bonilla, se supo de la desaparición del computador de su exasesora, lo que ha generado serias dudas sobre la transparencia de los funcionarios. Cabe aclarar que el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado en el que explicó que la información que se halla en el equipo cuenta con respaldo, lo que quiere decir que no se ha perdido. Además, la sede de la cartera fue objeto de una inspección judicial llevada a cabo el 19 de julio para proteger la información de los equipos.

El jefe de la cartera fue señalado de haber direccionado tres contratos por $92.000 millones, que irían dirigidos a los municipios de Carmen de Bolívar (Bolívar), Saravena (Arauca), y Cotorra (Córdoba). Estos habrían servido para beneficiar a congresistas que se encargarían de impulsar las reformas sociales del Gobierno Petro en el Congreso, según detalló Noticias Caracol, que tuvo acceso a las revelaciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia.

En la gestión de estos procesos sirvió como intermediaria la exasesora del ministro María Alejandra Benavides, que estuvo en constante contacto con Sneyder Pinilla, ex subdirector de manejo de desastres de la Ungrd, que se encargó de verificar que los contratos mostraran legalidad y supuesta premura para atender situaciones de urgencia en los municipios.

“Varios funcionarios del alto gobierno, incluyendo a Benavides Soto, estuvieron implicados en estas negociaciones,” afirmó Olmedo López en sus declaraciones.

Los abogados del jefe de la cartera aseguraron en un comunicado que tanto López como Pinilla están presentando hechos como maniobras ilícitas, cuando no lo son. “El origen y trazabilidad de los recursos es muy claro y no deja dudas de que se trató de una colaboración armónica entre la rama legislativa y el ejecutivo, como lo establece la Constitución y la Ley. Decir lo contrario es tratar de sacar provecho ilícito de una negociación con la Fiscalía”, señaló el equipo jurídico sobre los contratos.