Luego del testimonio de Olmedo López, desapareció el computador de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda

El computador de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, desapareció en medio del escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta información, difundida por La W, llega en un momento delicado, ya que Benavides Soto fue mencionada recientemente en las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, ante la Corte Suprema de Justicia.

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López, que está colaborando con las autoridades judiciales, acusó a Benavides Soto de formar parte de un esquema de corrupción que involucraba la asignación de contratos millonarios. Según López, estos contratos estaban destinados a beneficiar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y asegurar la estabilidad en regiones conflictivas. “Varios funcionarios del alto gobierno, incluyendo a Benavides Soto, estuvieron implicados en estas negociaciones,” afirmó López en sus declaraciones.

La desaparición del computador de Benavides Soto despierta inquietudes entre las autoridades sobre la posible eliminación de pruebas cruciales. Este dispositivo, que podría haber contenido información vital acerca de las transacciones y contratos mencionados, desapareció poco después de que su nombre surgiera en las declaraciones de López. Fuentes cercanas a la investigación señalaron la estrecha cronología entre su mención y la desaparición del computador, enfatizando la posible intención de ocultar pruebas.

Según López, los contratos con la Ungrd no solo tenían fines económicos, también estaban diseñados para obtener apoyo político y garantizar la lealtad de ciertos grupos armados en diversas regiones del país.

Benavides Soto, en su rol como exasesora del ministro de Hacienda, estaría involucrada en la facilitación de estos contratos. Este tipo de corrupción institucional pone en entredicho no solo la ética de los funcionarios públicos, sino también la transparencia en la asignación de recursos que, en teoría, deberían estar destinados a la gestión de desastres.

Por ahora se desconoce los detalles sobre los hechos, se espera a un pronunciamiento de las autoridades.

Según López, Benavides Soto tuvo un papel determinante en la asignación de contratos que, supuestamente, estaban destinados a la compra de congresistas para asegurar votos favorables a proyectos del Gobierno en el Legislativo. Él mencionó que ella mantenía una comunicación constante con Sneyder Pinilla, subdirector de la Ungrd, presionando para que se avanzara en el proceso de adjudicación de los contratos y proporcionando listas de alcaldes, funcionarios, y contratistas que debían recibir estos contratos en nombre de los congresistas.

El ministro Bonilla adicionó hasta 1,4 billones de pesos al presupuesto de la Ungrd, de acuerdo con las resoluciones firmadas por él mismo. Este presupuesto incrementado se destinó en parte a los contratos en cuestión y coincidió con momentos clave como las elecciones regionales de 2023.

Ella ha negado cualquier implicación en actos de corrupción y ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones. “Estoy dispuesta a colaborar en todo lo necesario para esclarecer estos hechos”, expresó Benavides Soto en referencia a las acusaciones.

Durante la entrega de la administración a la nueva consejera, los dispositivos tecnológicos usado antes por Sandra Ortiz presentaban problemas.

Uno de los aspectos más críticos es que los computadores devueltos estaban incompletos. Según los informes, uno de ellos carecía de disco duro, mientras que el otro no contaba con memoria RAM, elementos esenciales para su funcionamiento. Este problema fue detectado mes y medio después de que Sandra Ortiz dejara su cargo, momento en el cual los dispositivos fueron entregados.

Los computadores en cuestión estaban asignados a dos contratistas específicos de la Consejería Presidencial para las Regiones: Ricardo Castiblanco Ramírez y Diana Carolina Durán Ortiz.

Sandra Ortiz Ortiz aseguró que al finalizar su gestión, todos los computadores bajo su mando fueron entregados completos y en orden. “Siguiendo los requisitos establecidos y posteriormente certificados en los paz y salvo, no hubo reportes de pérdidas ni de hurto de elementos informáticos”, afirmó la exconsejera.

Por lo anterior, la Presidencia está analizando acciones legales relacionadas con la pérdida misteriosa de las memorias de los computadores ya que se supone que cuando se entregaron los equipos se hizo una verificación de los elementos. Sin embargo, la cuestión de cómo y cuándo se produjo la sustracción de las piezas sigue en el aire.