La Cancillería de Colombia señaló que se adhiere a la resolución emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal judicial de Naciones Unidas, que catalogó de ilegal la prolongada presencia del Estado de Israel en territorio Palestino. En ese sentido, resaltó que “participó activamente dentro de este procedimiento consultivo en el que votó a favor de la solicitud de opinión no vinculante que presentó Sudáfrica contra Israel en diciembre de 2022 y que Colombia respalda”.
Además, la cartera aseguró que Israel “está obligado a finalizar su presencia” en Palestina, “cesar las actividades actuales de asentamientos, evacuar a los colonos y reparar los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas”. Asimismo, ordenó “el desmantelamiento de las partes del muro construido por Israel que se encuentran en el territorio palestino ocupado.”
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A su vez, indicó que el Estado ubicado en el Medio Oriente debe permitir que “todos los palestinos desplazados durante la ocupación regresen a su lugar de residencia original”. Cifra que llega a los 1,9 millones de desplazados gazatíes por el conflicto transnacional, reveló la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además, el máximo tribunal de la ONU señaló que los estados y organizaciones internacionales, incluida la ONU, están en la obligación de contemplar la ilegalidad de Israel en ese territorio, especialmente, en la Franja de Gaza, donde murieron cerca de 35.000 personas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023.
La cartera de relaciones exteriores del país, también respaldó la medida del órgano rector internacional, que indicó que el Estado israelí está obligado a “devolver la tierra y otras propiedades inmuebles”, así como “toda la propiedad cultural y los activos tomados de los palestinos y las instituciones palestinas, incluidos los archivos y documentos incautados desde que comenzó la ocupación en 1967″.
El documento publicado por el máximo tribunal judicial de Naciones Unidas que avaló el Gobierno nacional puntualizó “retirar todas las leyes y medidas que crean o mantengan la situación ilegal, incluidas aquellas que discriminan al pueblo palestino en los territorios palestinos ocupados”. De igual manera, ordenó revocar “todas las medidas destinadas a modificar la composición demográfica de cualquier parte del territorio”.
Igualmente, señaló que a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad le corresponde la tarea de plantear acciones que determinen la hoja de ruta para “terminar tan pronto como sea posible la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino”.
La reacción de la Cancillería respalda la postura del presidente Gustavo Petro, que es uno de los mandatarios más críticos del conflicto palestino-israelí, a tal punto que en mayo de 2024 decidió aprobar el rompimiento de relaciones con Israel, ya que “No apoyamos genocidios”, subrayó.
El Estado colombiano también implementó medidas económicas contra Israel, en junio de 2024 suspendió, vía decreto, las exportaciones de carbón a este país, alegando que solo reactivarán la relación comercial hasta cumplan con las medidas de la CIJ y “hasta que se detenga el genocidio”.
En respuesta a la medida impuesta por la Corte Internacional de Justicia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu dijo que “el pueblo judío no es ocupante en su propia tierra, ni en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en nuestro patrimonio ancestral de Judea y Samaria (Cisjordania ocupada). Además, mencionó que “ninguna decisión de mentiras en La Haya distorsionará esta verdad histórica”.
Por su parte, Estados Unidos, reconocido aliado de Israel, aseguró que el Estado dirigido por Netanyahu no tiene la obligación de retirarse del territorio palestino, ni tampoco acatar lo establecido por el órgano rector sin responder ante sus necesidades en materia de seguridad.