Pensionados perderían beneficios de la reforma de Petro por nueva jugada de la oposición en la Corte Constitucional

El presidente Gustavo Petro sancionó la reforma pensional el 16 de julio de 2024. La misma, aprobada de manera polémica en el Congreso de la República (la Cámara de Representantes, sin debatirlo, aprobó el mismo texto a que el Senado le dio luz verde), entrará en vigencia el 1 de julio de 2025.

Sobre esta, que se basa en un sistema de pilares (semicrontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario), hay muchas críticas, principalmente desde la oposición, liderada por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical.

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Dentro de lo que no gusta se encuentra que Colpensiones será la principal administradora de pensiones en el país y recibirá a 27 millones de colombianos en su sistema, pese a que, según expertos, no esté preparada. Así las cosas, los fondos privados de pensión (Porvenir, Skandia, Protección y Colfondos) pasarán a un segundo plano. Es así que los colombianos, con un umbral de 2,3 salarios mínimos de cotización, pasarán a la entidad del Estado por obligación.

Ante esto, las críticas se basan, entre otras cosas, a que quienes cotizan no tendrán libertad para elegir dónde hacerlo, como sucedía hasta ahora. Por eso, ya se anunciaron demandas en la Corte Constitucional para que declare esta ley como inconstitucional.

El alto tribunal ya recibió 14 y el exministro de Justicia y exmagistrado Wilson Ruiz anunció que solicitó que esta se suspenda.

“Por medio de una acción pública de inconstitucionalidad, decidí demandar la ley de reforma pensional. No podemos tolerar que el Gobierno nacional, con ayuda del Congreso de la República, se salten los mandatos constitucionales y legales para el trámite de aprobación de nuestras leyes”, manifestó el exfuncionario.

Expuso que no se tuvo en cuenta un estudio riguroso sobre el impacto fiscal, así como tampoco se respetó el principio de consecutividad y se eludió el debate. Esto quiere decir, según él, que no se surtieron todas las etapas de trámite dispuestas en la Constitución Política de 1991.

“La protección a nuestra ley y Constitución es mi bandera. Que se adelanten todas las reformas que quieran o que estime el Gobierno nacional, pero bajo los parámetros legales y constitucionales”, finalizó.

Por su parte, el exsuperintendente Financiero de Colombia Andrés Felipe Londoño, insistió que la reforma pensional debe declararse inexequible y dio tres explicaciones. Son las siguientes:

1. Materialmente, es insostenible fiscalmente, transgrede las facultades constitucionales del Banco de la República y crea tratamientos desiguales injustificados.
2. Procedimentalmente, el trámite legislativo violó el principio de consecutividad, las condiciones para las proposiciones, el trámite de diferencias entre el pleno y la comisión y el manejo de las modificaciones.
3. Causa ilícita y falsa motivación. La compra de votos vicia la función legislativa al aprobarse una reforma sin debate democrático, motivado por la corrupción.

Entre otros que anunciaron demandas contra la reforma pensional están la senadora Paloma Valencia y el representante a la Cámara Óscar Villamizar, ambos del Centro Democrático.

Dentro de las razones, Valencia explicó que la demanda está basada en tres hechos graves:

• En la Cámara de Representantes no se pudo dar el debate, porque aprobaron una proposición del Pacto Histórico, partido de Gobierno, que decía que acogían el texto aprobado en el Senado: “La jurisprudencia ha sido clara en que eso es inconstitucional”

• El Gobierno guardó facultades para decidir el régimen pensional del 41% de los colombianos. Esto es las comunidades indígenas, raizales, los afrodescendientes y eso representa un número gigantesco de colombianos, que no se sabe cuánto va a costar
• Frente a los impuestos sobre las pensiones no hay claridad en torno a cómo fue que quedó. Asumieron unas cosas, pero habían aprobado en Cámara otras distintas.: “Queremos que sea muy claro en que las pensiones no pueden ser grabadas como lo ha sostenido la jurisprudencia”.