Las escandalosas conversaciones que comprometerían a Ricardo Bonilla en el entramado de corrupción de la Ungrd

En el segundo capítulo de las duras acusaciones en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación activa en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se conocieron el miércoles 17 de julio de 2024 el contenido de una serie de conversaciones entre Sneyder Pinilla, ex subdirector de manejo de desastres de la entidad, y el titular de la cartera.

Un informe de Noticias Caracol reveló los chats que sostuvieron a través del servicio de mensajería instantánea WhatsApp, no solo entre Pinilla y Bonilla, sino también entre el exfuncionario y María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y un hombre que ha sido considerado como el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso: Jaime Ramírez Cobo, al que relacionan con Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, directora del Dapre.

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En su comparecencia ante la Fiscalía General de la Nación, Pinilla entregó la evidencia que dejaría mal parado el miembro del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, pues quedaría en evidencia cómo Bonilla habría influido para que se entregaran contratos de la Ungrd en tres municipios del territorio nacional: Carmen de Bolívar, en Bolívar ($11.695 millones); Saravena, en Arauca ($35.631 millones), y Cotorra, en Córdoba ($46.748 millones).

Bonilla, que reemplazó el 1 de mayo de 2023 a José Antonio Ocampo, el mismo que salió del equipo de Gobierno tras el evidente desgaste con el primer mandatario, sostuvo –de acuerdo con los registros del citado medio– diálogos con Pinilla en los que coordinó la entrega de proyectos a estos tres municipios, en pro de beneficiar a un grupo de seis congresistas para que votaran en favor de las reformas radicadas.

Todo inició el 11 de diciembre, cuando el ministro de Hacienda firmó la resolución 3202 de su dependencia, en la que asignó recursos por el orden de los 700.000 millones de pesos para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y que se sumaba a la resolución 2407, que había establecido el mismo monto apenas un mes antes de que se llevaran a cabo las elecciones regionales en Colombia.

A partir de entonces, se habría empezado a coordinar la manera en la que empezaría a ser distribuido ese botín, por parte de Bonilla y su asesora, Benavides, que mantuvo conversaciones frecuentes y constantes para agilizar la estructuración, adjudicación y ejecución de dichos proyectos, para los tres municipios en mención.

El primero en contactar a Pinilla fue Ramírez Cobo, que se presentó ante el exsbudirector como funcionario del Dapre y enlace del Gobierno, el 14 de diciembre de 2023. En esa conversación insistió en la necesidad de entregar los recursos, por más de $92.000 millones, en estos tres territorios, por lo que relacionó un cuadro con Carolina; secretaria del entonces segundo al mando en la Ungrd.

En ese diálogo, Pinilla indicó que se pensaba, por parte de Olmedo López, que era el director de la unidad, que esos contratos habían sido enviados por el hoy exministro del Interior Luis Fernando Velasco. “A él le dieron otra instrucción sobre los 700.000 que llegaron”, precisó el exsubdirector al asesor del Dapre, cuando reiteró que se pensaba que al que había que rendirle cuentas era a Velasco.

Ese mismo día, el cuestionado asesor le envió -al parecer- el contacto de WhatsApp del ministro Bonilla, que hacia las 6:03 p. m, de aquella jornada, le escribió a Sneyder Pinilla. “Buenas tardes, subdirector”, fue la forma en que se habría presentado y, acto seguido, le expresó su preocupación por el “destino de los recursos de los proyectos viabilizados”.

Tras esta conversación, se habría coordinado para el día siguiente, el 15 de diciembre de 2023, una reunión entre López y el ministro Bonilla, con el fin de hablar sobre los contratos que debían tramitarse. Y fruto de ese encuentro, se estableció el primer contacto entre Pinilla y la asesora María Alejandra Benavides, que sería la encargada de entregar detalles necesarios sobre los recursos en curso.

Incluso, la mujer sería la responsable de haber hecho el puente entre Pinilla y los encargados de dichos proyectos en cada una de las poblaciones: un hombre llamado Harry Bejarano Arroyo, en Cotorra, al que ella le habría dicho “qué tiene que hacer”; Camilo Díaz, en Saravena, y en Carmen de Bolívar, el contacto fue con el que era el alcalde del municipio, Carlos Torres.

“Quería preguntar cómo van los temas, ¿hemos tenido algún avance?”, indagó la mujer. “Ya los tres municipios enviaron algo de información, se les está pidiendo corregir algunas cosas”, respondió Bonilla, que luego habló de que debían quedar listos la semana entrante el CDP de los procesos contractuales.

Pasaron cerca de seis días para que Benavides reapareciera con sus consultas y empezara, según explicó Pinilla al órgano de investigación judicial, a insistir en la necesidad de que se procediera pronto con las resoluciones y los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) de los tres proyectos en discusión. Aunque para ello habría sido, incluso, declarar calamidades públicas que ni siquiera existían.

Luego, el 14 de febrero de 2023, Benavides fue más persistente en sus consultas. “Quería preguntarle qué ha pasado con los proyectos de diciembre del ministro”, expresó vía escrita en la aplicación de mensajería. A lo que Pinilla le habría respondido que les tocó estructurarlos porque venían muy “flojos”, de ahí la tardanza en su trámite, pese a la importancia que representaban para el Ejecutivo.

En el reporte de Noticias Caracol, salieron a relucir nuevamente los nombres de los seis congresistas que eran los interesados en que se ejecutaran los contratos para Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar.

De acuerdo con la denuncia, los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz (que ya renunció a su cargo), Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Wadith Manzur, este último presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, eran los destinatarios de estos montos, a cambio de votar en favor del Gobierno. Llama la atención que cuatro de ellos votaron, por ejemplo, para ampliar cupo de endeudamiento del país a 17.000 millones de dólares, el 20 de junio de 2024.