La Contraloría General reportó que Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) presentó 24 hallazgos administrativos tras una auditoría financiera de 2023, según información publicada por la entidad fiscalizadora. Entre los hallazgos se incluye uno fiscal por $9.371 millones, dos casos sujetos a indagaciones preliminares y 17 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.
El hallazgo tributario más relevante en la auditoría se relaciona con deficiencias en la planeación e inoperatividad del contrato 2039 de 2020, mediante el cual Rtvc contrató una plataforma para centralizar sus aplicativos, que nunca fue implementada, según detalló la Contraloría.
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Además, se identificaron dos hallazgos adicionales por irregularidades en un contrato interadministrativo con la Agencia Nacional de Tierras, con un monto equivalente a $5.900 millones, para planificación, organización y producción de eventos.
La auditoría constató que al 31 de diciembre de 2023, Rtvc no había comprometido ni ejecutado $12.089.737.180 de su presupuesto definitivo de $308.361.743.165. Esta insuficiencia en la previsión presupuestaria afectó la ejecución de gastos e inversiones durante el año, poniendo en riesgo metas futuras.
Otro punto crítico señalado por la Contraloría fue la solicitud de recursos al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic) en 2023. La asignación se realizó sin la preparación de actividades y requerimientos técnicos necesarios previos. La Contraloría también emitió una “Opinión con Salvedad” sobre el estado financiero de Rtvc al 31 de diciembre de 2023 y una “Opinión Presupuestal No Razonable” por la ineficiencia en la ejecución presupuestal, de acuerdo con las normativas aplicables.
Finalmente, la Contraloría General de la República urgió a Rtvc a mejorar sus procesos de planeación, gestión y ejecución presupuestal para un uso más eficiente de los recursos públicos.
Rtvc, dirigido por Hollman Morris, enfrenta serias críticas y demandas de una mayor transparencia y eficiencia en el manejo de sus recursos públicos. La entidad se encuentra en el centro de una controversia que no solo cuestiona su gestión financiera, sino también las alianzas y contratos que ha establecido recientemente.
Los recientes movimientos y críticas
Rtvc realizó la organización del ‘Concierto de la Esperanza’, un evento que tenía como objetivo la solidaridad y cultura de la paz para Palestina. El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció a través de su cuenta de X el elevado costo del concierto, afirmando que asciende a más de $2.290 millones. Briceño ha criticado la inversión, calificándola de imprudente en el contexto de la actual situación fiscal de la ciudad.
El contrato vinculante para el evento fue firmado entre el Sistema de Medios Públicos y el contratista Envenpro Entretenimiento S.A.S.. Este contrato cubrió las fases de preproducción, producción y postproducción del concierto. En la preproducción se incluyen gastos de planificación detallada, mientras que la producción englobó la contratación de artistas y la logística necesaria, tales como equipos de sonido, cámaras y luces. La postproducción se encargaba la edición y distribución del material grabado durante el concierto.
Según W Radio, el Puesto de Mando Unificado, que coordinó la logística del evento con autoridades y organizadores, registró la participación fue de 19.322 personas. Sin embargo, Rtvc, entidad estatal promotora del evento, reportó una asistencia de 30.000 personas.
El evento tuvo lugar en el contexto del apoyo del gobierno de Gustavo Petro a Palestina. Petro ha sido uno de los principales críticos en América Latina de la estrategia militar israelí. La disparidad en las cifras de asistencia planteó interrogantes sobre la veracidad y precisión de los datos proporcionados.
El concejal Daniel Briceño también reveló el 30 de junio una alianza entre el sistema público de medios Rtvc y el canal venezolano Telesur, alineado con el gobierno de Nicolás Maduro. Briceño insinuó que esta colaboración busca mejorar la imagen de Petro utilizando recursos públicos.
El convenio de cooperación, que estará vigente hasta 2026, se centra en el desarrollo de proyectos audiovisuales conjuntos, lo que ha generado preocupación entre varios sectores políticos y usuarios de redes sociales.
Por otro lado, Petro ha insistido en que la información difundida por la prensa está sesgada, argumentando que los medios priorizan los intereses de grandes grupos empresariales sobre los de la población trabajadora y víctimas de la exclusión.
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