Inició judicialización de 25 militares implicados en la masacre de 11 personas en el Alto Remanso en 2022

Luego de que el proceso penal en contra de 25 integrantes del Ejército Nacional pasara a la Justicia ordinaria, por decisión de la Corte Constitucional, el miércoles 17 de julio iniciaron las diligencias judiciales contra los uniformados involucrados en la presunta masacre de 11 personas, aparte de herir a una adolescente embarazada y a otro menor de edad, el 28 de marzo de 2022 en la vereda del Alto Remanso, en zona rural del municipio de Puerto Leguizamo, en el oriente del departamento de Putumayo.

La audiencia se llevó a cabo en el juzgado promiscuo municipal de población putumayense, donde la Fiscalía espera que se le imputen los delitos de homicidio contra persona protegida, tentativa de homicidio contra persona protegida y perfidia, a tres oficiales —un coronel, un capitán y un teniente—, cuatro suboficiales y 18 soldados que son señalados de asesinar a las víctimas, bajo el supuesto de un operativo en contra de una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, informaron en el periódico El Espectador.

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No obstante, la diligencia fue aplazada por petición de la defensa del coronel implicado, que fue identificado como Néstor Andrés Cadena Bautista, ya que le iban a realizar una intervención quirúrgica
que, al parecer, sería vital destacaron en la emisora RCN Radio.

“Se conocía desde el día de ayer que tenía una cirugía. Efectivamente él entró a procedimiento y pues no se tiene conocimiento en qué condiciones de salud está”, citaron de las declaraciones del juez que lleva el caso.

El togado recordó que para poder llevar a cabo una audiencia de imputación de delitos es necesario que el ”indiciado” estén presentes en la audiencia, explicaron en el medio radial.

“(Además), se tuvo que suspender la audiencia en consideración a las objeciones que habían presentado los defensores de unas aclaraciones que habían realizado algunos de los representantes de las víctimas es así como entonces está pendiente el pronunciamiento del despacho”, agregaron del pronunciamiento del operador de justicia.

En la emisora adelantaron que el ente acusador buscará que en este caso a todos los uniformados presuntamente implicados los cobijen con medida de aseguramiento y los priven de su libertad en un establecimiento carcelario.

En el periódico El Tiempo reseñaron que las personas resultaron muertas en la incursión armada del Ejército, que en su momento, desde el Gobierno de Iván Duque, aseguraron que era un operativo para capturar a alias Bruno, que era señalado de ser un jefe insurgente y de tener injerencia en el departamento, sin embargo, ingresaron violentamente a un bazar que realizaban habitantes del Alto Remanso.

Las víctimas fueron identificadas como Pablo Panduro, Divier Hernández, Ana María Sarrias, Brayan Santiago Pama, Rubén Peña, Óscar Oliva, Luis Alfonso Guerrero, John Jairo Silva, Enuar Ojeda, Antonio Peña y Alexánder Peña, destacaron en el diario bogotano.

Aunque inicialmente la operación se justificó para lograr la captura del subversivo, que forma parte de los Comandos de la Frontera, estructura que forma parte de la Segunda Marquetalia de Luciano Marín, alias Iván Márquez, periodistas de El Espectador, la revista Cambio y el portal periodístico Vorágine fueron hasta la zona donde la comunidad les denunció que los militares implicado dispararon indiscriminadamente contra civiles, puntualizaron en ese periódico.

Añadieron en El Espectador que una de las víctimas fue un joven de 16 años y la adolescente de 17 años, que tras la atención médica se enteró de que estaba embarazada.

“Mi petición es que dejen de negarse y sacar excusas en la audiencia. Nos vinieron a matar gente campesina a nuestra vereda. Yo me crié aquí en la vereda del Alto Remanso, me amenazaron con una pistola en la cabeza, me sacaron de mi cuarto confundiéndome con una de las muchachas que trabajaron esos 3 días en la caseta y ahora resulta que un militar está más traumatizado”, dijo una de las víctimas en ese medio de comunicación.