La decisión que debe tomar Colombia ante la advertencia que hizo Estados Unidos a sus empresas

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer el Informe de Clima de Inversión 2024 en el que expuso un difícil panorama económico que vive Colombia tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia el 7 de agosto de 2022.

Entre otras cosas, relató que Petro asumió como el primer presidente de izquierda de Colombia, lo que trajo consigo una perspectiva renovada, enfocada en la soberanía interna en sectores económicos clave. Sin embargo, este enfoque provocó incertidumbre en el sector privado. Es así que en 2023 la economía colombiana mostró una expansión de solo el 0,6%, una notable desaceleración después de años de recuperación pospandemia.

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Además, que dentro de los factores que reconoció la entidad norteamericana que están detrás de esta desaceleración se encuentra una disminución del 25% en la inversión, tasas de interés elevadas (11,25% actual la del Banco de la República) y un deterioro del clima empresarial. Sectores clave como la construcción, la manufactura y el comercio experimentaron caídas. No obstante, la administración pública logró contrarrestar estos reveses por medio de un mayor gasto gubernamental en gastos operativos, según reportes oficiales. Las exportaciones denominadas en dólares cayeron un 12,9%, influenciadas por la reducción de precios de hidrocarburos.

Ante esto, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, anotó que lo publicado por el Departamento de Estado fue basado con cifras de 2023, pero no deja de ser preocupante.

Anotó que, si bien este informe plantea preocupaciones, es importante también resaltar que hay oportunidades: “Los aspectos que señala el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos son puntos clave para trabajar con urgencia. Se deben buscar consensos dentro de las reformas sociales y económicas que se proponen.

Para ella, “es necesario moderar la polarización política y garantizar el pleno respeto a las instituciones y a la institucionalidad colombiana por parte de todos los actores que son esenciales para garantizar una recuperación de la inversión privada”.

Para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, lo mostrado por Estados Unidos es “muy preocupante”.

Anotó que este no solo es un documento relevante para inversionistas, sino además sus preocupaciones son sustantivas. Entonces, remarcó que esto no es un retroceso que explica en parte el deterioro en los datos de inversión extranjera directa. Insistió también en que urge actuar y corregir.

Indicó que preocupan las siguientes seis expresiones:

1. Exceso de rotación y pérdida de experiencia técnica en la gestión pública, que, entre otras, explican el mal estado de la ejecución.
2. Ausencia de liderazgo en la regulación, como por ejemplo pasa con el tema de la Creg o Invima, con lentitud en la toma de decisiones
3. Un muy bajo nivel de crecimiento económico y una última reforma tributaria que elevó los costos de capital con un peor ambiente para hacer negocios.
4. Dudas sobre la implementación de un conjunto de reformas (salud, trabajo y pensiones) que generan más incertidumbre.
5. Intensificación de violencia y pérdida de integridad y crecimiento del narcocrimen.
6. Existe un acceso a la inversión mucho más limitado en ministerios y entidades del estado, que se asemeja a la preocupación de incapacidad para construir diálogo con el sector privado.

“Colombia, con una población de 52,4 millones de personas, enfrenta serios desafíos estructurales. Más de la mitad de la fuerza laboral urbana participa en la economía informal, una cifra que aumenta a cuatro quintas partes en las áreas rurales, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). En 2023, había 22,8 millones de personas empleadas, un incremento de 756.000 respecto al año anterior”, precisó.

Anotó que, a pesar de las dificultades económicas, la Inversión Extranjera Directa (IED) mostró un crecimiento del 1,5% entre 2022 y 2023, conforme a datos del banco central de Colombia. Asimismo, analistas económicos pronostican un crecimiento del PIB del 1,4% para 2024, según la encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia.

Puntualizó que la reciente reforma tributaria aprobada en enero de 2023 busca reactivar la economía, generar empleo y contribuir a la estabilidad fiscal, pero advirtió que el Gobierno también pretende reformar los sistemas de salud, trabajo y pensiones, lo que genera preocupación entre los inversionistas.

En abril de 2024, tras el archivo de la reforma de salud de Petro, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) intervino cuatro proveedores de seguros de salud, lo que amplió el control gubernamental sobre casi la mitad de los usuarios del sistema.

Desde el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el país vio una disminución significativa de la actividad terrorista. No obstante, las operaciones narcocriminales siguen siendo una amenaza, particularmente en zonas rurales.

La administración de Petro promueve la política de “Paz Total” para negociar con grupos armados ilegales, aunque las actividades violentas aumentaron, lo que complica el desarrollo sostenible.

Por otro lado, señaló que Colombia, miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) desde 2020, está obligada a adherirse a sus normas y estándares económicos. A pesar de los esfuerzos por mejorar, persisten debilidades en la protección de derechos de propiedad intelectual, puntualmente en la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos (CTPA) de 2012.

“Los gobiernos anteriores se enfocaron en desarrollar mercados eficientes, atraer inversiones y estimular la inversión verde. En 2021, Colombia emitió sus primeros bonos verdes soberanos a nivel local y presentó la primera Taxonomía Verde regional en 2022 para apoyar objetivos de sostenibilidad ambiental”, agregó el Departamento de Estado.

Apuntó que la corrupción sigue siendo un problema significativo. Además, que inversionistas locales y extranjeros denuncian barreras no arancelarias, regulatorias y burocráticas que afectan el comercio y la inversión, sumado al acceso limitado a algunos ministerios durante la presente administración. Y lamentó que la falta de consultas efectivas y oportunas con agencias reguladoras y la rotación de personal en organismos clave exacerban esta situación.