Tropas militares llegaron hasta la vereda San José, zona rural del municipio de San Vicente, Antioquia, donde ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que pertenecía al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.
De acuerdo con la información oficial, el laboratorio era parte de la subestructura Pacificadores del Samaná, en la que producían alrededor de 620 kilos mensuales, valorados en más de 3.100 millones de pesos. Allí, los militares hallaron diferentes insumos químicos y líquidos con los cuales los ilegales producían este alucinógeno.
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El Ejército informó que, en el centro de acopio del Clan del Golfo, se hallaron elementos como prensas hidráulicas, hornos microondas, nevera, pipetas de gas, grameras, entre otros, que fueron incautados y dejados a disposición de las autoridades competentes.
“Los uniformados encontraron una estructura de madera en la que en su interior había 2.417 galones de insumos líquidos y más de media tonelada de insumos sólidos, avaluados en 413 millones de pesos. El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización”, señaló brigadier general Jorge Ricardo Hernández, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
A su vez, el oficial mencionó que las Fuerzas Militares continuará trabajando con otras entidades del Estado para combatir los grupos armados organizados que se lucran con el narcotráfico y que atentan contra la seguridad de la población del oriente antioqueño.
Destrucción de minería en Antioquia y Valle
De otro lado, las fuerzas militares y la policía presentaron los recientes resultados de la lucha contra la minería ilegal en Colombia. Inicialmente, reportaron la intervención de seis unidades productoras mineras en Yolombó, Antioquia, que serían utilizadas por el grupo armado Clan del Golfo.
Según el reporte oficial, fueron ubicados y destruidos tres unidades productoras mineras, las cuales tenían maquinaria por un valor aproximado de 350 millones de pesos. “Aquí se estimaría una extracción de 1.200 gramos de oro al mes, con un valor superior a los $353 millones de pesos, con lo que se logran afectar las economías ilícitas del GAO Clan del Golfo”, explicó el Ejército en un comunicado.
Posteriormente, el Ejército también realizó un operativo en zona rural del municipio de Puerto Nare, región del Magdalena Medio antioqueño, se realizó la destrucción de cinco unidades productoras mineras legales, “en las cuales se estima que se tenía una extracción de 10.500 gramos de oro al mes, con un estimado de $3.000 millones”, afectando las economías ilícitas de los grupos armados que operan en la zona como el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc.
De igual forma, las autoridades castrenses informaron sobre la intervención de tres unidades productoras mineras ilegales en Buenaventura, Valle del Cauca. “Contaban con maquinaria que fue inutilizada. Esta tenía un valor de más de 1.100 millones de pesos. Estas unidades ilegales extraían alrededor de 12.000 gramos de oro al año, con un valor de aproximadamente 3500 millones de pesos”, mencionaron.
A su vez, la institución militar comunicaron que “el tiempo de recuperación de las áreas afectadas por estos delitos ambientales es de más de 40 años, según expertos en temas ambientales (...) las Fuerzas Militares a través del despliegue de sus capacidades continúan el cumplimiento al Plan de Campaña Ayacucho y a las políticas del Gobierno nacional”.
El pasado 4 de julio, la Gobernación de Antioquia, junto con el ministerio de Defensa y las fuerzas militares, desarrollaron un consejo de seguridad para anunciar medidas que permitan retornar la tranquilidad a la población, tras la muerte de seis militares en un campo minado en Valdivia.
“¿Cuántos más de ellos tienen que caer para que el gobierno nacional acabe con ese instrumento y mecanismo engañoso que es el cese al fuego? La paz no se consolida contemporizando con el crimen. Se conquista con el imperio de la ley, de la justicia y de las oportunidades sociales”, indicó el gobernador Andrés Julián Rendón.