El Centro Democrático ya impugnó la nueva reforma pensional ante la Corte Constitucional: alegan vicios en su aprobación en el Congreso

La Ley 2381 de 2024, recientemente aprobada para establecer un sistema de protección social integral en Colombia para la vejez, invalidez y muerte de origen común y más conocida como la reforma pensional, enfrenta su primer desafío legal apenas dos días después de que el presidente Gustavo Petro sancionara la ley en un acto público en la plaza de Bolívar, en Bogotá.

Según se conoció en la mañana del jueves 18 de julio, el representante a la Cámara Óscar Villamizar, del Centro Democrático, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional, alegando vicios de forma en el proceso de aprobación de la polémica reforma apenas días antes de culminar el segundo periodo legislativo en el Congreso de la República.

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Una de las principales críticas de Villamizar es la rapidez con la que se aprobó la ley en la Cámara de Representantes. Según el legislador, el debate de fondo comenzó el 13 de junio y ya el 14 de junio se había cometido un “grave vicio”, cuando no se acogió una solicitud para que se votara individualmente cada artículo.

En su momento, la proposición de votación de Villamizar fue rechazada con 90 votos en contra en la cámara baja, por lo que el congresista sostiene que, aunque varios parlamentarios pidieron una deliberación individual, la mesa directiva de la Cámara planteó la votación en bloque. Asegura que en solo seis horas la plenaria aprobó la proposición del Gobierno para acoger el texto completo aprobado en el Senado desde el 23 de abril.

Villamizar también argumenta que el “pupitrazo” con el cual se aprobó el texto del Senado vulneró el principio de publicidad, ya que los días 13 y 14 de junio “en ningún momento se publicó en el orden del día las ponencias correspondientes al Senado de la República o sus textos como marco de estudio del Proyecto de Ley”. Insiste que el texto base de debate debería ser el producido por los ponentes como delimitadores del debate, según la Ley 5 de 1992.

Además, el representante por el Centro Democrático criticó fuertemente la falta de deliberación detallada. “De los 95 artículos aprobados, solo se discutieron seis en bloque sin discusión y uno de forma más profunda, lo cual significa que se debatió y aprobó solo el 7,3% de la reforma”, se lee en la demanda.

De hecho, el documento también hace énfasis en que es “absolutamente contrario a la verdad” que el debate se hizo de forma “rigurosa, meditada y democrática”, destacando que la deliberación real duró menos de tres horas.

El parlamentario cuestionó la premura con la que se trataron las votaciones, a pesar de que en el legislativo existía suficiente quórum para llevar a cabo una discusión más amplia. “Aquí se resalta cómo durante la discusión de la proposición no intervino ni el Gobierno como autor, ni la coordinadora ponente, Martha Alfonso, firmante de la proposición para siquiera dar una explicación de por qué la necesidad de la proposición o una ilustración sobre el texto del Senado”, añade la demanda.

Entre los argumentos del representante a la Cámara por el Centro Democrático también se expuso que varios parlamentarios solicitaron una deliberación más detallada, la cual fue eludida por la mesa directiva de la Cámara.

La aprobación rápida, conocida como ‘pupitrazo’, es vista por Villamizar como una medida que “atropella a las minorías” y no respeta los principios democráticos de deliberación y publicidad. “Nos llevaron contra la pared”, expresó.

La aprobación del articulado en la Cámara fue de 86 votos a favor, 32 en contra y 69 abstenciones. No obstante, Villamizar insiste en que la forma de votación fue injusta y contraria a los principios democráticos. Según él, la necesidad de una votación en bloque fue presentada como un último recurso debido a una supuesta falta de tiempo para conciliación, afirmación que Villamizar califica como “evidente falacia”.

Entretanto, desde la oposición han alertado sobre la radicación de más demandas contra la reforma del Gobierno, por lo que la Corte Constitucional deberá estudiar una a una y definir si el nuevo modelo de pensiones en Colombia podrá efectuarse, según lo ha presentado el presidente Gustavo Petro.