Sandra Ramírez recordó escándalo de Centros Poblados por cifras recientes de conectividad en sedes educativas de áreas rurales

Un informe de la Universidad Javeriana revela que el 69.4 % de las instituciones educativas en zonas rurales del país no cuenta con acceso a internet y el 15.5 % no dispone de electricidad.

Basado en datos del Dane y el Ministerio de Educación, el estudio subraya la preocupante situación del acceso a la educación en ciertas regiones. Los investigadores examinaron la cobertura educativa total disponible para la población en edad de cursar preescolar, primaria, secundaria y media (10º y 11º grado).

Frente a dicho estudio que se dio a conocer recientemente, la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, en su cuenta de X, reaccionó a las cifras antes mencionadas y recordó el escándalo de Centros Poblados, diciendo que esto era resultado del “robo” de $70 mil millones de pesos que tenían como propósito trabajar en ese aspecto.

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En su publicación, la senadora Ramírez señaló que dichas cifras son fruto de que durante cuatro años se desviaron $70 mil millones que estaban destinados a proveer internet en zonas rurales. Sin embargo, destacó que el actual gobierno ha logrado llevar conectividad a lugares donde antes no la había, marcando una clara diferencia con administraciones anteriores.

“Esto ocurre porque durante 4 años ciertos personajes decidieron robarse $70 mil millones de pesos que iban a ser destinados para llevar internet a las zonas rurales. Por fortuna, el gobierno del cambio está llevando conectividad a donde antes no existía. Diferencias, muchas”, comentó la congresista en su cuenta de X.

En cuanto al escándalo de Centros Poblados en Colombia, se refiere a un caso de corrupción relacionado con un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en 2020. El contrato, por un valor cercano a los 70 mil millones de pesos, tenía como objetivo llevar conectividad a internet a zonas rurales del país. Sin embargo, se descubrió que la Unión Temporal Centros Poblados, la entidad adjudicada, presentó pólizas de garantía falsas y no cumplió con las condiciones del contrato.

Este caso llevó a investigaciones judiciales y a la renuncia de la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen.

Con respecto al estudio de la Universidad Javeriana, “destaca que, de las 55.889 sedes educativas del país, un 67% se localiza en áreas rurales, concentrando su oferta educativa en la mañana (76%) y en los niveles de preescolar (38%) y primaria (46%). La cobertura educativa en estas zonas enfrenta serios desafíos, en especial en el nivel de preescolar, donde es solo el 47%, y en el nivel media, solo 46%”.

Y agregaron que: “En básica primaria y secundaria la cobertura ya es del 64%. Del mismo modo, se revelan deficiencias significativas en acceso y permanencia ya que menos de la mitad de los estudiantes que ingresan a primero de primaria llegan a grado once”.

También informaron que, “además, la calidad de la educación en zonas rurales es preocupante debido a las grandes brechas con los resultados en las pruebas Saber 11 de las zonas urbanas. La diferencia fue de 26 puntos en contra de los estudiantes de zonas rurales y de 41.3 con respecto a los estudiantes matriculados en colegios rurales de los 170 municipios PDET”.

Igualmente, mencionan en el estudio que una de las preocupaciones en el ámbito del bienestar escolar es el entorno y el acceso a servicios de salud. Existen carencias en infraestructura y servicios esenciales como electricidad, agua potable e internet. El 15,5% de las instituciones educativas carece de acceso a electricidad, una cifra que en Vichada y La Guajira puede llegar al 68%. Solo el 40% dispone de agua potable de forma constante y gratuita, frente al 70% en áreas urbanas.

En ese sentido, agregaron que “el 69,4% de las sedes educativas rurales carecen de acceso a Internet. Casi la mitad de los colegios rurales reportó no contar con profesionales para dar acompañamiento psicosocial a sus estudiantes. En especial en un contexto en el que los embarazos de niñas entre los 10 y 14 años se incrementaron un 11% en zonas rurales durante la pandemia”.