La JEP fijo fechas para que máximos responsables de ‘falsos positivos’ en Huila pidan perdón por sus acciones

Las audiencias que serán conducidas por el magistrado Alejandro Ramelli. También tendrá participación de autoridades locales en el Huila y la ONU

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 crédito JEP
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha programado las audiencias de reconocimiento de responsabilidad por los “falsos positivos” en el Huila para los días 8, 9 y 10 de agosto, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana W Radio.

Estas audiencias se llevarán a cabo en Neiva y contarán con la participación de los coroneles Orlando Pico Rivera y Faiver Coronado, entre otros, quienes integraban los batallones Magdalena y Cacique Pigoanza. En estas sesiones, los responsables admitirán públicamente su participación en estos crímenes.

Fotografía de archivo en la que se registró un logo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP). EFE/Carlos Ortega
Fotografía de archivo en la que se registró un logo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP). EFE/Carlos Ortega

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“... los comparecientes tendrán la oportunidad de ofrecer su aporte a la verdad y a la restauración en un escenario público, diseñado con las víctimas y que pueda constituirse como una medida de satisfacción. Quienes no fueron identificados como máximos responsables o partícipes determinantes tendrán allí una oportunidad de avanzar de manera decidida en el cumplimiento de los compromisos” señala la decisión conocida por la W Radio.

El magistrado Alejandro Ramelli será el encargado de conducir las audiencias, que también contarán con la presencia de autoridades locales del Huila, representantes de la ONU y de varios ministerios, como el de Defensa. Las víctimas también estarán presentes, buscando justicia y reparación por los crímenes cometidos.

Estas audiencias son una parte crucial del proceso de justicia transicional en Colombia, permitiendo a las víctimas y a la sociedad conocer la verdad sobre estos hechos y avanzando en el proceso de reconciliación nacional.

Coronel (r) Mejía no aceptó cargos por ‘falsos positivos’ en Cesar

Recientemente, inició la primera audiencia preparatoria del juicio contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, que fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004.

Mejía Gutiérrez, que se presentó ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, no aceptó responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que le fueron imputados por la JEP en el marco del caso 03.

Coronel Publio Hernán Mejía, acusado por presunta participación en 72 casos de falsos positivos - crédito Colprensa
Coronel Publio Hernán Mejía, acusado por presunta participación en 72 casos de falsos positivos - crédito Colprensa

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Esta primera audiencia de cara al juicio es presidida por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, así como por los magistrados Gustavo Salazar y Raúl Sánchez de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

La diligencia preparatoria se dio luego de que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP acusara a Mejía Gutiérrez de la comisión de al menos 35 hechos representativos en los cuales se victimizó a 72 personas entre enero de 2002 y noviembre de 2003, por conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en calidad de autor y coautor mediato.

De acuerdo con la UIA, el actuar desplegado por el acusado se enmarca en un patrón de macrocriminal que se materializó en tres modalidades. La primera tiene que ver con una alianza con el frente Mártires del Cesar, también denominado como frente Mártires del Cacique de Upar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderado por David Hernández Rojas, alias 39.

En este, las víctimas eran retenidas y asesinadas por las AUC, y cuyos cuerpos fueron entregados al IAOP liderado por el procesado, quien luego de simular un combate, los presentó como el resultado de una operación militar. Las víctimas fueron señaladas por las AUC de pertenecer o auxiliar a otros grupos armados ilegales, para que los integrantes de la organización criminal les quitaran la vida y los presentaran como bajas en combate.

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