Federico Gutiérrez repudió asesinato de Juan Daniel Urrego y ofreció $100 millones de recompensa por los responsables

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, informó desde su cuenta de X, que la alcaldía ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por los responsables del asesinato de Jorge Daniel Urrego Escobar.

Hay que recordar que atentaron contra su vida con arma de fuego luego del partido de la final de la Copa América entre Colombia y Argentina el 14 de julio de 2024, cuando se encontraba de regreso a su casa.

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“Desde la Alcaldía ofrecemos hasta $100 millones de pesos por quien nos aporte información que conduzca a la identificación, judicialización y captura de estos bandidos”, manifestó Gutiérrez.

Según el mandatario local, Juan Daniel, de 32 años, iba acompañado de dos amigas, pero fueron abordados por dos hombres que se transportaban en una motocicleta, pues pretendían robarle el celular y al oponer resistencia, estos le dispararon a la víctima.

Desde el mismo instante en el que asesinaron a Urrego, la investigación ha sido dirigida por funcionarios de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y Fiscalía, que avanzan en las pesquisas para lograr la captura y judicialización de los criminales.

“La muerte de Jorge Daniel no quedará impune y el mensaje para los bandidos se intensificará: el que se meta con la integridad de uno de nuestros ciudadanos se mete con todos nosotros. No vamos a parar hasta que a los bandidos les quede claro que a la ciudadanía de Medellín la tienen que dejar tranquila”, puntualizó el alcalde.

Cabe destacar que, Urrego Escobar era ingeniero administrativo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios orientados en el desarrollo de software informático.

Según reportes judiciales, Jorge Daniel había visto el partido final de la Copa América entre Colombia y Argentina en un establecimiento comercial cerca de la estación del metro Santa Lucía, donde conoció a las mujeres que estaban con él al momento del incidente. Por lo tanto, la Policía revisó cámaras de seguridad y se encuentra tomando las respectivas declaraciones de las testigos para dar con los responsables.

Este asesinato es el homicidio número 17 relacionado con robos en lo que va del año en Medellín, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). Comparativamente, el año pasado se registraron 19 casos para la misma fecha. Por su parte, en la comuna 12, este es el primer homicidio del barrio La Floresta y el cuarto en la región.

Además, se han presentado 12.826 denuncias de robos a personas de 2024, un descenso frente a las 29.662 del 2023. En la comuna 12, se reportaron 275 robos este año, frente a los 574 anteriores. El barrio La Floresta presentó 128 denuncias de robo, duplicando las 61 del año pasado.

En la mañana de este 15 de julio se conocieron detalles del macabro caso de una rectora de una universidad que fue asesinada por un sicario contratado por la secretaria de la institución educativa. Un juez de conocimiento de Medellín condenó a 19 años de prisión a Keny Cardona Betancur, secretaria general del claustro académico, responsable del homicidio de Nora Luz Carmona Giraldo, vicerrectora asesinada.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo de 2022 en el barrio Laureles de Medellín.

El juez de conocimiento condenó a 19 años de prisión a Keny Cardona Betancur, que tenía el cargo de secretaria de la universidad, por haber contratado un sicario para que asesinara a la vicerrectora. Según reveló la Fiscalía General de la Nación, la víctima fue sorprendida cuando se encontraba en el garaje de su casa con la llegada de un hombre que le disparó en repetidas ocasiones y luego huyó en moto.

“Un fiscal de la Unidad de Vida, con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), demostró que la mujer contactó al sicario, a quien le notificó de los movimientos de la víctima para que la siguiera y la asesinara”, indicó el ente acusador.

Posteriormente a la captura, Cardona Betancur suscribió de manera libre y espontánea un preacuerdo con la Fiscalía, un mecanismo que permite que los imputados puedan tener un beneficio o disminución de la pena.