Funcionario de la Comisión de la Verdad fue sancionado por acosar sexualmente a una servidora pública

La Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión de Rolando Rodríguez Cruz, analista de la macroterritorial Bogotá-Soacha de la Comisión de la Verdad, por un período de 15 meses.

La decisión se tomó tras confirmar que Rodríguez Cruz ejerció acoso sexual contra una funcionaria, Diana Trujillo Moncada, en hechos ocurridos durante la vigencia 2020.

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Según el comunicado oficial del Ministerio Público, Rodríguez Cruz utilizó su posición de manera violenta, coaccionando y ejerciendo coerción sobre Trujillo Moncada. Además, se confirmó que empleó los correos electrónicos institucionales para presionar, insultar, perseguir y enviar mensajes de índole sexual de manera reiterada.

En un incidente particularmente grave, Rodríguez Cruz persiguió a la funcionaria hasta el baño de mujeres durante un evento laboral, abrió la puerta del baño y utilizó términos soeces hacia ella.

El fallo de primera instancia, emitido por la Distrital de Juzgamiento, calificó la conducta de Rodríguez Cruz como una falta grave cometida con dolo. La Procuraduría subrayó que su comportamiento no solo vulneró la dignidad de la denunciante, sino que también comprometió la integridad y el ambiente laboral en la Comisión de la Verdad.

Desde el ente de control destacaron que este caso resalta la importancia de mantener altos estándares de conducta dentro de las entidades públicas y la necesidad de actuar con celeridad y firmeza ante cualquier forma de acoso o violencia de género. Además, añadieron que la sanción impuesta a Rodríguez Cruz envía un mensaje claro sobre la intolerancia frente a estos comportamientos.

En otros desarrollos, la Procuraduría General de la Nación también formuló cargos contra el intendente Walter Javier Martínez Melo, comandante de Auxiliares de Policía de Soacha, por presunto acoso sexual contra dos subalternas. En este caso, el Ministerio Público está investigando las acusaciones de acoso físico y verbal, así como el posible acceso carnal mediante violencia.

La Procuraduría ha instado a la Policía Nacional a reforzar la capacitación sobre la atención a casos de violencia sexual y de género para prevenir futuras vulneraciones de derechos dentro de sus filas. Así mismo, la entidad ha destacado la necesidad urgente de respetar la dignidad y libertad sexual de los subordinados.

Estos casos subrayan la responsabilidad de las instituciones públicas y de seguridad en garantizar un entorno libre de violencia y acoso, y la importancia de contar con mecanismos efectivos para la denuncia y protección de las víctimas.

El acoso sexual se define como cualquier comportamiento de naturaleza sexual no deseado que puede provocar que la víctima se sienta ofendida, humillada o intimidada. Estos comportamientos pueden incluir comentarios, insinuaciones, toques inapropiados, propuestas indecentes, exhibicionismo, mensajes sexuales explícitos y cualquier otra conducta que implique una connotación sexual y que no sea bienvenida por la persona que lo recibe.

El acoso sexual puede ocurrir en cualquier entorno, pero es particularmente preocupante en el ámbito laboral debido al desequilibrio de poder que suele existir entre el acosador y la víctima.

Aunque el acoso sexual y el acoso laboral pueden superponerse, no son exactamente lo mismo. El acoso laboral, también conocido como mobbing, se refiere a una serie de comportamientos hostiles y repetidos que tienen como objetivo intimidar, degradar, humillar o socavar a una persona en su lugar de trabajo.

Estos comportamientos pueden incluir burlas, exclusión social, asignación de tareas humillantes o imposibles, críticas constantes y cualquier otra forma de maltrato psicológico o físico. La diferencia principal radica en la naturaleza del comportamiento: mientras que el acoso sexual tiene un componente sexual explícito, el acoso laboral puede no tenerlo y puede centrarse en otros aspectos para hostigar a la víctima. Ambos tipos de acoso son inaceptables y están prohibidos por la ley, pero las vías para denunciarlos y las implicaciones legales pueden variar.

Es fundamental que las víctimas sepan que no están solas y que existen recursos disponibles para ayudarlas a enfrentar esta difícil situación. Denunciar el acoso sexual es un acto de valentía y un paso crucial para combatir la violencia de género en Colombia.