Oposición anunció demanda contra la reforma pensional: estas son las causas

El partido Centro Democrático en Colombia presentará una demanda contra la reciente reforma pensional aprobada por la Cámara de Representantes.

Gabriel Vallejo, director del partido, es el encargado de llevar el documento a las instancias correspondientes. Además, indica que la demanda se basa en tres puntos clave que cuestionan la reforma.

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Simultáneamente, Cambio Radical también planifica una demanda contra la misma reforma. El senador Carlos Motoa argumenta que la misma no aborda problemas críticos como el acceso y la cobertura, además de no tratar la informalidad laboral y cuestiona su viabilidad debido a la baja tasa de natalidad en el país.

Motoa señaló que “no corrige los problemas de acceso y cobertura; no soluciona la informalidad laboral; y no tiene en cuenta la baja natalidad en Colombia”. Además, añade que la reforma es inconstitucional, apuntando que durante los debates no se respetaron las reglas del bicameralismo ni las normas democráticas.

“No se dio la oportunidad de defender las diversas proposiciones radicadas por los congresistas tanto en Senado como en Cámara”, expresó el congresista, por lo cual presentarán su demanda ante la Corte Constitucional.

La reforma ha generado un intenso debate y divisiones significativas en el ámbito político colombiano. Las acciones legales emprendidas por Centro Democrático y Cambio Radical subrayan la controversia y los desafíos legales que la reforma podría enfrentar próximamente.

La Cámara de Representantes ha adoptado el texto aprobado por el Senado de la República sin debate previo ni explicación de los ponentes acerca de las diferencias con la ponencia de segundo debate. Los críticos señalan que no se discutieron las 700 proposiciones radicadas.

Uno de los puntos polémicos es la creación de un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos, contradiciendo la prohibición expresa en la Constitución. Esto permitiría al Gobierno definir las condiciones de jubilación para el 41 % de la población.

Además, se ha solicitado la constitucionalidad condicionada del impuesto a las pensiones, estableciendo que solo se gravarían las pensiones que excedan de 1,000 UVT mensuales. Se señala que, aunque este punto se había corregido en la Cámara, al adoptarse el texto del Senado, quedó sin resolver.

La senadora Paloma Valencia advirtió sobre los riesgos que conlleva la reforma pensional durante un control político llevado a cabo en el Senado de la República. La principal preocupación de Valencia es que los ahorros de los colombianos queden bajo el control del Gobierno nacional, tal como señala el Artículo 63 del proyecto de reforma.

La norma establece que las administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual deben invertir los recursos conforme a las directrices que defina el Gobierno. Según la senadora, esto abre la posibilidad de que el gobierno decida invertir los fondos en proyectos nacionales, reduciendo la diversificación y potencial rentabilidad de las inversiones extranjeras.

Valencia recordó que, cuando Gustavo Petro era candidato presidencial, expresó su intención de utilizar los ahorros pensionales de los colombianos, tema que generó fuerte oposición. Aunque desde el Ejecutivo aseguran que no tocarán los ahorros, la senadora subrayó las implicaciones del Artículo 63, afirmando que podría llevar a que los fondos de pensiones financien exclusivamente proyectos internos como un tren aéreo desde Barranquilla hasta el Darién, comprometiendo los ahorros en iniciativas gubernamentales.

Hizo un llamado a sus colegas para reflexionar sobre la seguridad de los fondos de pensiones y subrayó que la inversión en el exterior ha sido beneficiosa para los ciudadanos. El temor es que el Gobierno priorice sus proyectos, que podrían ser menos rentables o más riesgosos.

Finalmente, Valencia concluyó que la reforma podría significar un riesgo considerable para los ahorros de los colombianos, dedicados a financiar proyectos que calificó de populistas o soñadores, lo cual es preocupante para quienes han confiado sus recursos al sistema pensional.