Intendente de la Policía de Soacha enfrenta cargos por acoso sexual a dos auxiliares

La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra el intendente Walter Javier Martínez Melo, quien se desempeñaba como comandante de auxiliares de Policía en Soacha, por presunto acoso sexual a dos subalternas, de acuerdo con información obtenida por la Revista Semana.

Según la entidad, Martínez Melo habría acosado sexualmente a las jóvenes auxiliares tanto física como verbalmente, aprovechando su “superioridad, poder y autoridad”.

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Las acusaciones incluyen comentarios inapropiados y presiones para que las víctimas mantuvieran relaciones sexuales a cambio de beneficios laborales.

“Al parecer, el investigado, además de comentarios inapropiados, habría pretendido que las víctimas sostuvieran relaciones sexuales con él a cambio de asignarlas en determinados lugares de facción, darles beneficios, permisos, salidas o evitar informes y anotaciones negativas en su hoja de vida”, detalló la Procuraduría.

Martínez Melo también es investigado por supuesto acceso carnal violento contra las auxiliares. La Procuraduría subraya que el intendente tenía la obligación de “respetar la dignidad y libertad sexual de las femeninas como garante de los derechos y libertades públicas para prevenir o evitar la violencia, el maltrato y cualquier tipo de situación que vulnerara sus derechos”.

Además, la entidad destacó una falta de conocimiento en la ruta de atención a denuncias de violencia sexual y de género dentro del Distrito Especial de Soacha. La Procuraduría ha exhortado a la Dirección de Talento Humano de la Policía a realizar capacitaciones en estos temas.

En otro caso, la Procuraduría también formuló cargos contra el intendente Óscar Eduardo Hernández y el patrullero Pablo Alberto Montero Sanjuan, ambos de la Policía Nacional de Urabá, por presuntos acuerdos criminales con el Clan del Golfo.

Según la investigación, Hernández habría proporcionado información sobre operativos y presencia de la fuerza pública a cambio de remuneraciones económicas. Montero, por su parte, habría acordado no perseguir a los miembros del clan mientras se desempeñaba como secretario de la subestación de Policía en Pavarandó, Mutatá, Antioquia.

Estos actos, realizados hasta su captura en mayo de 2020, evidencian una grave violación de la ética y el deber policial, comprometiendo la integridad de la institución y la seguridad de la comunidad. La Procuraduría continúa trabajando para asegurar que estos y otros casos similares sean investigados a fondo y los responsables, sancionados adecuadamente.

Un nuevo escándalo tiene a la Policía Nacional en el ojo del huracán, luego de conocerse una grave denuncia interna que sacude las estructuras de la institución y pone contra las cuerdas a un subintendente, acusado de acceso carnal violento.

Según se conoció en un informe del Ojo de la Noche de Noticias Caracol, un patrullero en curso de ascenso en la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada de Sibaté, en Cundinamarca, ha presentado una denuncia por abuso sexual contra uno de sus superiores, convirtiendo el caso en un asunto de máxima prioridad para las autoridades competentes.

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Este suceso habría ocurrido durante el fin de semana del 5 de abril. De acuerdo con el testimonio inicial que se reporta en la investigación, el patrullero, acompañado por otro compañero también en proceso de ascender, salió de permiso y optaron por departir una noche de copas antes de ir sus residencias.

Sin embargo, sobre la una de la mañana la víctima se encontró con un grupo de subintendentes, con quienes se quedó compartiendo por varios minutos para consumir más licor. Con lo que no contaba el patrullero, es que uno de sus superiores, visiblemente alicorado, logró persuadirlo para llevarlo a un lugar apartado con la excusa de ayudarlo a recuperarse, momento en que habría sido abusado sexualmente por su superior.

Una vez perpetrado el presunto delito, la víctima se habría desplazado hasta su vivienda ubicada en el barrio Santa Isabel de Sibate, visiblemente afectado por lo que sucedió. Sin embargo, el patrullero señala que demoró en entablar la denuncia, pues horas más tarde llegó su esposa de visita y por respeto a ella prefirió callar.

Fue solo hasta el domingo 7 de abril que el hombre acudió a los directivos de la institución para denunciar lo que había ocurrido con el subintendente, por lo que fue remitido al grupo de sanidad de la institución policial, y posteriormente trasladado hasta el Hospital Central de la Policía en Bogotá para someterse a una valoración completa de su estado de salud tras la agresión.