Excongresista Álvaro García, condenado por masacre paramilitar, había logrado su libertad, pero se la cancelaron

A Álvaro García Romero se le cayó la ilusión de salir de la cárcel luego de que la Corte Suprema de Justicia frenara el proceso de liberación con una orden de aseguramiento inmediata.

El 9 de julio se había conocido que el Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá había otorgado libertad condicional a García Romero, excongresista condenado en 2010 por su implicación en la masacre de Macayepo, ocurrida el 14 de octubre del 2000 a manos de grupos paramilitares.

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García Romero enfrentó cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple como determinador y desplazamiento forzado.

La decisión surge tras la petición de García Romero, que argumentó haber cumplido tres quintas partes de su pena, mostrado buena conducta, además de padecer algunos problemas de salud.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del político colombiano que, hasta la fecha de publicado este artículo, ha estado recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá.

En 2010, García Romero fue condenado por coordinar la masacre de Macayepo (Bolívar), perpetrada por el grupo paramilitar Héroes Montes de María, liderado por Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, que resultó en la muerte de 15 campesinos. Las investigaciones lo identificaron como financiador del grupo.

La prueba clave fue una grabación publicada por Semana, en la que García Romero y el prestamista Joaquín García discuten cómo conseguir apoyo del Gobernador de Sucre para movilizar un grupo armado en El Aguacate y Pajonalito, hecho que se concretó diez días después con la masacre en Macayepo.

En el fallo condenatorio se lee: “El procesado fue uno de los gestores en la consolidación de los grupos armados ilegales en su departamento; además, les brindó apoyo constante por diferentes medios en calidad de Senador de la República durante los años de permanencia del grupo en el departamento, gestiones que por supuesto obedecieron a intereses mutuos, entre otros, asegurar su poder político, convirtiéndose en una persona importante para el desarrollo de las políticas de las autodefensas y así, en parte de la estructura”.

También se agrega: “Tal compromiso lo vincula hoy como autor mediato de los homicidios ocurridos en Macayepo, hechos lamentables, reprochables a cualquier ciudadano pero, aún más, al señor GARCÍA ROMERO quien era representante del pueblo, gestor de leyes que debía impulsar desde el Congreso para la protección de sus coterráneos y del país, se reprocha hoy, que su actuar fue contrario a todo mandato legal. De manera consciente y voluntaria puso al servicio de las autodefensas su poder político, cuando le era exigible brindarlo a los ciudadanos de bien”.

Además, la Corte Suprema de Justicia lleva otra investigación contra García Romero por desplazamiento forzado en Sucre, caso que regresó al tribunal tras un rechazo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para admitirlo.

Según registran varios medios de comunicación, la masacre que llevó a la condena de Álvaro García Romero se extendió por ocho días sin intervención efectiva de las autoridades. Durante este tiempo, miembros del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cometieron asesinatos y desplazaron a los habitantes de las veredas El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral y otras áreas cercanas al Carmen de Bolívar.

En agosto de 2022, se supo mediáticamente que una nueva acusación por desplazamiento forzado fue presentada ante la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia contra García Romero, vinculada a la incursión paramilitar en la región de Sucre.

El 4 de noviembre de 2010, el tribunal dio inicio a una indagatoria contra García Romero en este caso, y el 29 de junio de 2016 fue formalmente acusado por desplazamiento forzado. La audiencia preparatoria se llevó a cabo un año después, pero el caso fue trasladado a la nueva Sala de Juzgamiento tras la reforma que creó la doble instancia para congresistas.

En agosto de 2018, el juicio se detuvo cuando García Romero se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), comprometiéndose a contribuir con la verdad sobre el conflicto en Sucre.