Gobierno y bloques del Estado Mayor Central de las Farc acordaron una prórroga del cese al fuego

El jueves 11 de julio de 2024, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que se estaba estudiando la posibilidad de no renovar el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC).

“Durante todos estos días vamos a recibir toda la información de las plataformas de derechos humanos que serán insumos fundamentales a la hora de tomar una decisión. Lo que no puede suceder ni tolerar es que sigan estas estructuras armadas asesinando líderes sociales y excombatientes. El Estado no puede seguir tolerando eso”, indicó el jefe de la cartera del Interior.

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De acuerdo con Caracol Radio, el Gobierno nacional mantendrá una prórroga del cese al fuego con los bloques y frentes del Estado Mayor Central de las Farc, pero solamente con los que siguen en el proceso de paz. De igual forma, se está definiendo el tiempo que durará la medida entre el grupo armado y el Gobierno nacional.

Los bloques ‘Jorge Briceño’ y ‘Magdalena Medio’, así como los frentes que representan son los únicos que se mantienen en la mesa de diálogos con el Gobierno colombiano.

Estos bloques tienen presencia en Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Huila, Putumayo y Caquetá. Todos bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, quien en marzo de 2024 se acogió a los diálogos con el Gobierno en marzo de 2024.

Los bloques y frentes que quedarían por fuera del cese al fuego, son los que operan en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, liderados por alias ‘Iván Mordisco’. Estos bloques en los últimos meses ha llevado a cabo ataques terroristas en contra de la fuerza pública.

De acuerdo con el jefe de la delegación de Gobierno nacional, Camilo González Posso, en este ciclo que se realiza en Bogotá se espera que se aborden tres asuntos clave como el respeto a la población civil, las transformaciones territoriales de las regiones y la construcción de una agenda para el fin del conflicto con este grupo armado.

“Efectivamente, los que siguen en la mesa son los frentes que están en parte de Putumayo, zonas del Caquetá, sur del Meta, Catatumbo, Magdalena Medio, sur de Bolívar y norte de Antioquia. Los que no continúan son básicamente los de Cauca, con algunos municipios vecinos del Valle y Nariño, y los de Guaviare y la zona de la Amazonía”, afirmó el funcionario en conversación con El Espectador.

En este ciclo también se lleva a cabo la revisión de los informes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego, los cuales no contemplaron los hechos de violencia como el ataque a militares en Valdivia, Antioquia, así como el desplazamiento de firmantes del acuerdo en Miravalle, actos que fueron rechazados por el Gobierno nacional.

La Defensoría del Pueblo informó en un comunicado que más de 60 familias tuvieron que desplazarse del corregimiento de Joaquincito Libre, del consejo comunitario del Río Naya, zona rural de Buenaventura, a causa del accionar de los hombres armados en el pacífico colombiano.

“El accionar indiscriminado de los integrantes de la Columna Móvil Jaime Martínez, del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, obligó al desplazamiento de unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre, perteneciente al consejo comunitario de la cuenca del río Naya, hacia la zona urbana de Buenaventura, Valle del Cauca”, se lee en el comunicado.

Igualmente, la entidad agregó que “otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, la cual forma parte del resguardo indígena Epedara Siapidara, de la parte baja del río Naya, debieron confinarse para salvaguardar sus vidas”.

A su vez, la Defensoría del Pueblo no descartó que una tercera comunidad, del sitio conocido como Chamuscado, también estaría en proceso de desplazamiento y confinamiento, debido a las conductas violatorias de derechos cometidas por la subestructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023″, señalaron.

Además, la Defensoría instó al Gobierno nacional para que efectúe nuevas medidas que permitan el retorno de los pobladores a sus territorios y contrarresten las acciones criminales de los grupos alzados en armas que hacen presencia en la región pacífica del país.

“Es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada”, precisaron.