En la mañana del lunes 15 de julio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta de X un texto en el que expresa su preocupación de que el ‘fast track’ se convierta en una práctica cada vez más recurrente en el Legislativo nacional, especialmente teniendo en cuenta la intención del Gobierno Petro de implementar reformas sociales y consolidar como sea el acuerdo de paz con las Farc, firmado en 2026 en el Teatro Colón.
En su mensaje, el exmandatario destacó que, si a alguien se le delega una función y se le definen los instrumentos para cumplirla, ese delegatario incurre en abuso si modifica esos instrumentos.
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Uribe, incómodo con posible ‘fast track’
“El ‘fast track’, procedimiento abreviado, de menor cantidad de debates adoptado por el Congreso para modificar la Constitución durante el Acuerdo con la Farc, se constituyó en un abuso violador de la Constitución”, expuso.
Uribe recuerda que la Asamblea Constitucional de 1991, elegida por el constituyente primario, delegó en el Congreso la posibilidad de modificar la Constitución promulgada ese año, estableciendo un procedimiento que exige ocho debates. No obstante, señala que el Congreso, por iniciativa del Gobierno Santos, redujo el número de debates para facilitar una reforma constitucional para implementar los acuerdos con las Farc, apartándose de las reglas definidas por el mandante; es decir, el pueblo. Subrayó el exmandatario que los ocho debates se diseñaron para asegurar que cualquier Reforma Constitucional tuviera mayor estudio, controversia y reflexión, que la simple aprobación de una ley.
El expresidente rechazó la exequibilidad del ‘fast track’, recordando que la Constituyente del presidente Alfonso López Michelsen fue declarada inexequible por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Explicó Uribe que, según el plebiscito que regía antes de la Constitución de 1991, el Congreso tenía la competencia exclusiva para reformar la Constitución.
“Por iniciativa del presidente López Michelsen el Congreso aprobó convocar una pequeña Asamblea Constituyente para reformar la Justicia y el Ordenamiento Territorial. La Corte dijo que el Congreso no podía delegar su competencia de reformar la Constitución. Eso significó que los instrumentos, o el procedimiento, que la Constitución le señalaba al Congreso para ejercer su competencia de modificación Constitucional, no podían ser variados por el Congreso”, señaló Álvaro Uribe.
Uribe concluyó su crítica afirmando que ahora se enfrenta nuevamente al dañino ‘fast track’, con los mismos actores y otros ocultos.
‘Fast track’ de Petro, sin respaldo político
Aunque Petro presentó su propuesta con optimismo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la implementación en el ámbito nacional podría encontrarse un tanto complicada. La propuesta tiene como objetivo aprobar puntos esenciales del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc-EP.
Entre las medidas incluidas en el ‘fast track’ se encuentran la ampliación del plazo de implementación del acuerdo, la compra express de tierras, la excarcelación de campesinos que cultivan hoja de coca y la modificación de normas financieras relacionadas con las vigencias futuras. Este mecanismo ya fue utilizado por el gobierno de Juan Manuel Santos para agilizar la aprobación de leyes fundamentales en menos de seis meses. Sin embargo, en esta ocasión, el escenario es distinto.
Desde diferentes sectores políticos ven esta medida como un intento resucitar las reformas rechazadas en la legislatura anterior bajo el pretexto de implementar el Acuerdo de Paz. Además, los tiempos legislativos son ajustados y Petro no cuenta con mayorías claras en el Congreso, lo cual quedó en evidencia el pasado 20 de junio cuando no se aprobaron proyectos clave como la reforma a la salud y la educación, entre otros.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que desempeñó un papel crucial en la aprobación del ‘fast track’ en el gobierno de Santos, defendió la propuesta del actual jefe de Estado.
“Tal como lo dijo el Señor presidente @petrogustavo ante la @ONU_es “La paz de Colombia acaba la cocaína en el mundo” y para este fin vamos a articular esfuerzos desde @MinInterior, vamos a llegar a consensos, vamos a sumar todas las voces, a oír a quienes opinan diferente”, señaló Cristo en su cuenta de X.
Sin embargo, el clima en la Corte Constitucional no parece favorable. Actualmente, parece existir una alta probabilidad de que los magistrados no encuentren razones sólidas para volver a implementar el ‘fast track’, tal como lo permitieron en 2017 exclusivamente para la implementación del Acuerdo de Paz.