Proyecto de ley busca erradicar las extorsiones desde las cárceles de Colombia

En Colombia, la venta desregulada de tarjetas SIM ha abierto una puerta al uso de estas para la comisión de delitos, especialmente desde el interior de las prisiones. Según el senador Ariel Ávila, un alarmante 41% de las extorsiones en el país provienen de centros penitenciarios, donde los delincuentes aprovechan tarjetas SIM no registradas que son difíciles de rastrear.

Para abordar esta problemática, se ha presentado un proyecto de ley que propone vincular cada tarjeta SIM vendida en Colombia a un número de identificación personal. Este enfoque ya ha sido implementado en países como Argentina y Noruega con resultados positivos.

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La iniciativa busca reducir significativamente los casos de extorsión al facilitar el rastreo por parte de las autoridades de las tarjetas SIM utilizadas con fines delictivos. Al requerir que cada compra de SIM esté asociada a una identificación biométrica y al envío de una foto del documento de identidad (como la cédula de ciudadanía), se pretende mejorar la seguridad pública y dificultar el uso fraudulento de estas tarjetas, de acuerdo con información presentada por Pulzo.

El senador Ariel Ávila comentó durante el vigésimo tercer congreso panamericano sobre riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva de Asobancaria:

“Lo que queremos es que esto sea como en Argentina o Noruega, donde la persona que compra una tarjeta SIM debe hacer una identificación biométrica desde su celular y enviar una foto de su documento de identidad, en este caso la cédula de ciudadanía”, afirmó.

Entre los beneficios esperados de esta medida se encuentran la mejora de la seguridad al dificultar el uso ilegal de tarjetas SIM, la facilitación de la gestión y control por parte de las autoridades y operadores de telecomunicaciones, y la mejora en la calidad del servicio al garantizar un registro más eficiente y seguro de las tarjetas SIM.

Con este proyecto de ley en proceso de avance en la plenaria del senado, Colombia busca adoptar medidas efectivas para enfrentar el uso indebido de tarjetas SIM y proteger a sus ciudadanos de actividades delictivas facilitadas por el anonimato de las comunicaciones móviles.

Las autoridades colombianas intensifican sus esfuerzos para desarticular esquemas extorsivos liderados por grupos venezolanos, incluso desde tras las rejas. A pesar de una serie de detenciones recientes, el impacto en la reducción de estos delitos ha sido limitado.

Sin embargo, estos arrestos no marcan el inicio de las acciones contra esta organización criminal. A principios de enero, ciudadanos de Bogotá denunciaron públicamente continuar siendo víctimas de extorsión por parte de una banda liderada por el venezolano José Manuel Vera, alias “Satanás”. Aunque Vera y al menos 79 presuntos miembros de su grupo fueron encarcelados desde el año anterior, muchos de ellos enfrentan ahora nuevos cargos por continuar operando desde prisión.

Las cárceles colombianas han sido identificadas como centros de operaciones para diversas organizaciones criminales, incluyendo los Lobos y los Tiguerones en Ecuador, la MS13 en Centroamérica, y el Tren de Aragua en Venezuela, este último vinculado estrechamente con la banda de “Satanás”.

A pesar de los esfuerzos por bloquear las señales de teléfonos móviles en las cárceles colombianas, muchos inhibidores de señal están fuera de servicio debido a la obsolescencia o a órdenes judiciales. Esta situación ha facilitado que los presos, con la complicidad de guardias corruptos, continúen operando líneas de extorsión desde sus celdas, amenazando a residentes con demandas de pago bajo la falsa identidad de organizaciones criminales.

La situación no es única en Colombia; otros países de la región también enfrentan desafíos similares. En Chile, miembros del Tren de Aragua han sido reubicados debido a problemas de seguridad en las cárceles, mientras que, en Lima, Perú, los Gallegos, otra banda venezolana, persiste en sus actividades ilícitas a pesar de las detenciones masivas.