La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilitó a Germán Torres Aguilar, profesor de educación física de un colegio en Yopal, Casanare, por abusar de una menor de edad. El fallo de segunda instancia ratifica la sanción impuesta inicialmente y establece que Torres Aguilar no podrá ejercer funciones públicas en ningún cargo durante quince años.
Según el comunicado oficial emitido por la Procuraduría, los hechos ocurrieron en noviembre de 2017. La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento determinó que “el docente se aprovechó de su rol en la institución y de su condición de superioridad para hacer tocamientos indebidos a la menor en un salón en el que se guardaban elementos deportivos”.
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De hecho, la gravedad de las denuncias hizo que el Ministerio Público profiriera el fallo con perspectiva de género y sensibilidad frente a la niñez, garantizando los derechos de verdad y justicia disciplinaria para la víctima.
En medio de la investigación, se confirmó que la conducta del profesor fue calificada como gravísima cometida a título de dolo, considerando la gravedad del abuso y el impacto sobre la menor. El Ministerio Público destacó que Torres Aguilar no podrá apelar la decisión, ya que contra este fallo “no procede recurso alguno”.
![La menor habría sido tocada en un salón de la institución - crédito Europa Press](https://www.infobae.com/new-resizer/G2-4guUJQA5uUU99C5wniSq5S3I=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/JJXMEKAUCRFWVAOEQD4OB3LP4U.jpg 420w)
Esta sanción asegura que, durante el periodo de inhabilidad, Torres Aguilar no tendrá acceso a ningún cargo público, asegurando la protección de los menores en las instituciones educativas. Asimismo, la Procuraduría también resaltó la importancia de esta decisión parte de la lucha contra la violencia y el abuso en entornos escolares, reafirmando su compromiso con la protección de la infancia y el respeto a los derechos humanos.
Los hechos denunciados fueron respaldados por pruebas suficientes que permitieron identificar la responsabilidad directa de Torres Aguilar en los abusos cometidos. El fallo señala que el profesor utilizó su autoridad y la confianza depositada en él para cometer los actos indebidos, lo cual agrava aún más la situación.
La Procuraduría señaló que, en casos de abuso, es vital garantizar procedimientos rigurosos y sanciones ejemplares para proteger a las víctimas y prevenir futuras agresiones. En el comunicado también se destaca que la institución continuará vigilante ante cualquier otra denuncia de abuso en contextos escolares, asegurando la implementación de medidas preventivas adecuadas.
Procuraduría investiga otro caso en Bogotá
Un presunto caso de abuso sexual a un estudiante de seis años del colegio distrital Carlos Albán Holguín, en la localidad de Bosa, también ha encendido las alarmas en Colombia. Según informó el ente de control, el menor habría sido agredido en el baño por dos trabajadores vinculados a una obra que se lleva a cabo en la misma institución educativa.
![El menor de 6 años habría sido agredido en el baño por dos trabajadores vinculados a una obra en la misma institución educativa - crédito iStock](https://www.infobae.com/new-resizer/oh0Jdf4LHvpZvtye2omLrAt6GFY=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/SIYH3LHMEBH5VLUGTQTIJPFX7Y.jpg 420w)
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación ha comenzado un proceso de verificación para determinar si los funcionarios del colegio, incluyendo tanto a profesores como al personal administrativo, fueron conocedores del incidente y si activaron los protocolos obligatorios en este tipo de casos.
La procuradora primera distrital, Helga Díaz Acosta, detalló que “la Procuraduría ordenó la inspección disciplinaria con el propósito de conocer la distribución del plantel, verificar la protección de los derechos de los menores involucrados y determinar la responsabilidad de los servidores garantes de los derechos del menor”.
Este tipo de investigaciones busca esclarecer las denuncias presentadas y, en consecuencia, se ha ordenado la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer los hechos. “El ente de control verifica si las autoridades del centro educativo y los profesores del menor se percataron de la situación y si activaron los respectivos protocolos de carácter obligatorio en estos casos”, comentó la Procuraduría en un comunicado.