Dos militares fueron asesinados en ataque terrorista en Nariño

Versiones oficiales de las Fuerzas Armadas confirman que un ataque terrorista perpetrado en el sector Canoas del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, acabó con la vida de dos soldados profesionales. El ataque, según versiones preliminares, se habría cometido con tatucos.

La agencia de noticias Colprensa reveló que un grupo de militares pertenecientes al Batallón de Operaciones Terrestres No 14. fueron atacados desde la parte norte de ese sector. Producto de ello murieron, el soldado profesional Clever Manchabajoy Pasichana, que alcanzó a ser trasladado al hospital, y Jhon Freddy Hernández Ospina.

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Como consecuencia de lo ocurrido, el Gobierno autorizó aumentar presencia la militar en la zona y llevar apoyo aéreo para contrarrestar acciones hostiles.

Desde su cuenta oficial en X, el Ministerio de Defensa lamentó la muerte de los uniformados y envió un mensaje a sus familias:

“Enviamos un mensaje de condolencias a sus familiares y amigos por la pérdida de estos valerosos hombres, que dieron hasta sus vidas por proteger a las comunidades”, se lee.

Expertos se han referido en múltiples ocasiones al recrudecimiento de la violencia en el país. En el último mes han atentado contra el núcleo de la vicepresidente Francia Márquez, primero disparando contra una camioneta en la que iba su padre; después, contra un vehículo de su esquema de seguridad en el que ella no iba. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha hablado de reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en los departamentos más afectados por los grupos armados ilegales.

Ya la comunidad internacional se ha pronunciado sobre las noticias violentas que provienen de Colombia y le piden al Estado que haga todo lo que esté en sus manos para restablecer el orden y garantizar los derechos de la población en general.

Así lo hizo saber Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a través de un comunicado en el que se refiere a la actual situación de seguridad en Colombia.

“Estamos muy preocupados por el nivel de violencia que vive la población en Colombia, incluyendo el atentado de ayer contra el padre de la vicepresidenta; dos atentados la semana pasada en Jamundí, Valle del Cauca, que dejaron varias personas heridas; los ataques a estaciones de policía de Suárez y Cajibío, en Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital; los combates en medio de la población civil en Madrigal -Policarpa-, Nariño; el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes regiones, como Cauca, Caquetá, Huila o Nariño; y el homicidio de personas defensoras y líderes”, expuso.

Entre otras cosas, la ONU solicita al Estado colombiano tener mayor presencia en las regiones, con el fin de contrarrestar la influencia que tienen allí grupos armados y estructuras ilegales.

De Rivero añadió que “el Estado, en su conjunto, autoridades civiles y militares, deben trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los derechos humanos. Esto se puede lograr implementando la política de seguridad humana, adoptada por el gobierno y que debe ser desarrollada en todos los niveles, civiles y militares, y acompañada por la política de desmantelamiento de la criminalidad, con investigaciones de fondo frente a las estructuras que favorecen la violencia. Esta acción conjunta y una estrategia territorial de protección de derechos humanos puede cambiar la situación que está viviendo Colombia. Colombia tiene la capacidad de cambiar la violencia por la garantía de derechos”.

En su intento por erradicar las dinámicas de violencia que se acentúan en el país, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene sus energías enfocadas en la Paz Total y los procesos de negociación con grupos armados de diferentes orígenes. Pese a ello, el ministro Iván Velásquez ha señalado que las Fuerzas Armadas no van a frenar sus ofensivas contra las estructuras que se financian de delitos como la extorsión, el narcotráfico y demás economías ilegales.