Reforma tributaria que ayudará a las empresas no se presentará por ahora e impuesto seguirá como el más alto del mundo

El inicio de las sesiones legislativas en el Congreso de la República, el 20 de julio, estará marcado por una serie de proyectos de ley originados desde el Gobierno nacional que tienen como objetivo principal la reactivación económica del país, según anunció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en rueda de prensa desarrollada el 12 de julio.

Bonilla destacó la importancia de la nueva reforma tributaria, dirigida a reducir la tasa nominal del impuesto de renta corporativo. Esta, en la actualidad, se encuentra en 35% y se buscará reducirla al 30%, luego de que con la reforma tributaria de 2022 se subió desde 33% a la primera mencionada. Sin embargo, esta no se presentará por ahora, sino después de la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025.

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En este contexto, el Gobierno también trabaja en la construcción de este con la revisión de los recursos disponibles para garantizar un nivel adecuado de inversión, al tiempo que se cumple con el pago de la deuda. “Ya estamos pensando seriamente en una ley de financiamiento que implique que tenemos que ir a buscar recursos adicionales”, aseguró el funcionario.

La ley de financiamiento mencionada dependerá de cómo se adelante la aplicación de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB) de 2026 a 2025, un proceso que requiere la aprobación del Congreso y que está condicionado por el principio de unidad de materia. Además, se debe considerar el compromiso del Gobierno de asumir los costos de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, debido a que la actual ley de servicios públicos no permite al Ejecutivo asumir estos costos.

El ministro explicó que aunque la ley permite asumir subsidios, no ocurre lo mismo con este tipo de costos. Actualmente, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) otorgan recursos de crédito a las comercializadoras, pero es necesario un instrumento legal para que el Gobierno pueda asumir esta deuda.

“Hoy no tenemos el instrumento legal para hacerlo, entonces debemos incorporarlo”, añadió Bonilla.

Respecto a las iniciativas de reactivación económica acordadas con los sectores empresariales, el ministro de Hacienda informó que se materializan gracias al sector bancario, que anunció significativas reducciones en las tasas de interés de los créditos hipotecarios.

“No es una guerra de tasas, es un proceso de acompañamiento a la reactivación”, aclaró al señalar que mientras el Banco de la República disminuye sus tasas de manera moderada, los bancos lo harán más rápido como parte de un esfuerzo concertado con los empresarios.

De igual manera, hizo un llamado a los sectores empresariales para que aprovechen los créditos más accesibles con el fin de impulsar la reactivación, especialmente en la construcción, las actividades agropecuarias y la confección.

En cuanto al recorte presupuestal anunciado para el resto del año, Bonilla indicó que se identificaron recursos destinados a obras civiles y otros proyectos públicos que no avanzaban. Luego de una evaluación, se detectaron obras con avances intermedios y otras sin progreso significativo, con la posibilidad de liquidar contratos para liberar recursos atrapados en fideicomisos.

“Ahí hay mucha plata encerrada. Un ejemplo es el de Mulaló-Loboguerrero, que tiene cerca de $2 billones encerrados en una fiducia y serias dificultades para hacerse. Lo más seguro es que se va a llegar a una negociación para liquidarlo y así destinar esos recursos a otra obra, como la vía Medellín-Quibdó”, puntualizó Bonilla.

El impacto de estas medidas se verá en el próximo periodo legislativo y determinará cómo el Gobierno puede manejar la deuda y financiamiento mientras impulsa la reactivación económica. La velocidad en la que las medidas adoptadas logren su objetivo dependerá en gran medida de la colaboración y coordinación entre el Congreso, el sector empresarial y el Gobierno.