Funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro no habrían publicado sus declaraciones de renta: Tribunal de Cundinamarca ya admitió demanda

La Fundación para el Estado de Derecho presentó una demanda contra el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), en la que alegó que la entidad no ha cumplido con su obligación de publicar las declaraciones de renta de los altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro desde el año 2023. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de hecho, admitió la demanda, mientras se espera una decisión a partir de la fecha de admisión.

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Según la Fundación, el Dafp ha incumplido con la ley que obliga a divulgar esta información de forma proactiva y actualizada. Esta normativa, establecida en el artículo 5.° de la Ley 2013 de 2019, exige que se publiquen las declaraciones de bienes y rentas, así como el impuesto sobre la renta y complementarios de los servidores públicos en altos cargos.

La información debería estar disponible en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) o en la herramienta designada para tal fin, con facilidad de acceso y comprensión en favor de la ciudadanía, y con la garantía de la calidad, veracidad y oportunidad de los datos.

Por eso, de acuerdo con lo informado por Semana, en un comunicado emitido por la Fundación, se solicita al Tribunal Administrativo que ordene al Departamento de la Función Pública el cumplimiento efectivo de la norma, ya que la falta de transparencia en la publicación de estas declaraciones impide a los ciudadanos ejercer un control sobre las finanzas de los altos funcionarios. La Fundación argumentó que esto afecta principios fundamentales como la publicidad, integridad y transparencia del Gobierno.

Del mismo modo, la demanda también involucra al director del Dafp, César Manrique, que fue recientemente suspendido por diez meses tras la controversia generada por la aprobación de una experiencia falsa para el cargo de embajador en México de Moisés Ninco Daza.

Esta suspensión, que dejó a la institución colombiana en México sin cabeza visible en un momento crítico, ya enfrenta la necesidad de cumplir con la legislación vigente respecto a la divulgación de la renta de sus altos funcionarios.

En la admisión a la demanda, emitida el 28 de junio del año en curso, se lee que “El 25 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de cumplimiento presentada por la Fundación. La magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno notificó oficialmente el auto el 10 de julio de 2024. “ADMÍTASE la demanda presentada por LA FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO contra EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP)”, reza el resuelve del auto emitido por el tribunal.

A su vez, la Dian ha recordado que, según la normativa vigente, si un ciudadano colombiano que reside en el extranjero ha pasado más de 183 días continuos en Colombia durante el año fiscal y sus ingresos superan los límites establecidos, está obligado a presentar su declaración de renta. Sin esta información, la ciudadanía se encuentra impedida para ejercer un control sobre quienes ocupan altos cargos en el gobierno del presidente Petro.

Según una indagación de El Tiempo, a la fecha, ningún ministro del gobierno del presidente Gustavo Petro ha cumplido con la obligación de publicar su declaración de renta. Además, ocho ministros no han actualizado esta información anualmente, según lo estipula la normativa vigente. Estas publicaciones son obligatorias al asumir o dejar un cargo y deben actualizarse cada año mientras el servidor público permanezca en funciones.

Un informe de la Unidad de Datos del medio nacional verificó esta situación mediante el ‘Aplicativo para la Integridad Pública’, del Departamento de la Función Pública. De acuerdo con el estudio que salió en junio, los ministros han presentado documentos de manifestación proactiva de bienes, ingresos y posibles conflictos de interés, pero no las declaraciones de renta.

Entre los que no han actualizado se encuentran Néstor Osuna, ministro de Justicia, cuya última declaración es del 17 de septiembre de 2022; Iván Velásquez, ministro de Defensa, con información publicada por última vez el 31 de octubre de 2022; y Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, cuya actualización más reciente es del 8 de enero de 2023. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, también están en situación de incumplimiento.