Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y líder del partido Centro Democrático, expresó su desacuerdo con la propuesta de constituir una Asamblea Constituyente y la posible implementación del fast track planteada por el presidente Gustavo Petro para agilizar la aprobación de algunos proyectos en el Congreso. Desde Montería, donde se celebró una convención de jóvenes de su partido, Uribe sostuvo que estas iniciativas son “acomodos para aparentar como constitucional lo que no es”.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
Uribe recordó cómo el fast track fue utilizado previamente por el gobierno de Juan Manuel Santos para implementar los acuerdos de paz con las Farc firmados en La Habana. Según Uribe, esta herramienta se empleó para evadir mecanismos tradicionales y legítimos como el plebiscito.
El exmandatario comentó que el umbral del plebiscito para la aprobación de la Constitución de 1991 requería una participación del 50% del censo electoral, y que este porcentaje fue reducido al 13% durante el proceso de paz con las Farc, lo cual aun así no fue suficiente para ganar.
Además, Uribe mencionó que sugirió realizar un acuerdo nacional que incluyera algunas reformas de los acuerdos de La Habana, pero la propuesta fue rechazada. “Dijimos, todos queremos la paz, pero hagamos un acuerdo nacional para introducir unas reformas de La Habana y no quisieron, las impusieron”, añadió el expresidente.
Uribe describió cómo, según él, los acuerdos fueron aprobados no a través de una reforma constitucional o una ley, sino mediante una proposición del Congreso que, en sus palabras, estaba “enmermelado por el Ejecutivo”.
El expresidente cuestionó la validez de tales procedimientos y criticó la postura de la Corte Constitucional de aceptar dichos métodos. “A mí me da tristeza, lo digo con mucho respeto, que la Corte Constitucional hubiera aceptado eso, que una proposición del Congreso que no era ley, ni reforma constitucional, constituyera un procedimiento sagrado de participación popular como el plebiscito”, concluyó Uribe.
El expresidente califico el fast track de “ilegítimo” y “inaplicable”. Además, cuestionó los costos asociados con la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la falta de sentencias contra los miembros de las Farc, que llevan casi ocho años en el Congreso. También planteó dudas sobre la necesidad de una nueva norma constitucional para abordar los acuerdos.
Uribe afirmó que la Constitución de 1991, que describió como “social y de libertades”, ya ofrece todas las herramientas necesarias para proteger a los desmovilizados y a los líderes sociales sin requerir un nuevo acuerdo ni una asamblea constituyente. Según él, “la Constitución nuestra da todas las posibilidades”, lo cual incluye la protección y reintegración de los excombatientes y reemplazando la necesidad de nuevas normativas.
El líder político señaló que el gobierno del presidente Gustavo Petro está negociando con diversos grupos armados, incluyendo el ELN, la Segunda Marquetalia, sin necesidad de convocar una asamblea constituyente. Resaltó su preocupación respecto al impacto que tendría la sustitución de la Constitución de 1991, incluso mediante vías legales, en un país que considera estar “muy polarizado”.
Uribe también se refirió al tema de la tierra, comentando que la actual Constitución no impide resolver esta cuestión. “El Gobierno puede comprar toda la tierra que quiera”, afirmó, recordando la existencia de la Ley 160 de 1994 como un mecanismo ya disponible para la adquisición y distribución de tierras. La mencionada ley ofrece un marco legal bajo el cual el gobierno puede operar sin la necesidad de nuevas constituciones.
“¿Cómo así que ahora necesitamos un acuerdo, una norma constitucional?”, preguntó Uribe retóricamente, manifestando su postura de que las soluciones propuestas no requieren de una reconfiguración del marco legal ya existente en Colombia.
Reiteró que “sustituir la Constitución del 91 aún por una vía legal” sería dañino para un país que busca estabilidad y desarrollo. En suma, Uribe llamó a concentrarse en aprovechar los mecanismos ya existentes en lugar de crear nuevas vías legislativas.
Álvaro Uribe, conocido por su posición crítica respecto a los acuerdos de paz y reformas progresistas, vuelve a poner de manifiesto su concentración en mantener la vigencia de la Constitución de 1991 como suficiente y efectiva para la resolución de conflictos y la integración de los desmovilizados, evitando así mayores controversias y polarizaciones en la sociedad colombiana.