Qué es el ‘fast track’ que está proponiendo Gustavo Petro para implementar el acuerdo de paz con las Farc y por qué generó tanta controversia

El presidente Gustavo Petro propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que en Colombia se reviva el mecanismo del fast track para agilizar la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

Este proceso expedito para aprobar leyes se introdujo en el país a través del acto legislativo 01 de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

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El fast track, formalmente conocido como “Procedimiento Legislativo Especial para la Paz”, se diseñó para facilitar la aprobación de normas esenciales para la implementación del acuerdo de paz en un período legislativo reducido. Según este acto, los proyectos relacionados con la paz tendrían prioridad absoluta en el Congreso de la República.

Inicialmente, el fast track tenía una duración de seis meses, que podría extenderse otros seis meses, situación que ocurrió en mayo de 2017. La función principal del mecanismo era reducir el número de debates en el Congreso requeridos para aprobar leyes y reformas constitucionales, lo que aceleró significativamente la legislación relacionada con la paz.

En cuanto al funcionamiento del fast track, este procedimiento permitía que los proyectos de ley con urgencia, un sistema ya existente, se gestionaran aún más rápido mediante debates conjuntos y paralelos tanto en las comisiones como en las sesiones plenarias. Para las reformas constitucionales, se reducía de ocho a cuatro el número de debates necesarios.

Además, este mecanismo estipulaba que las modificaciones a los proyectos de ley sólo podían realizarse bajo acuerdo con el gobierno, antes de la fase de debate. Esto limitaba la posibilidad de discusiones detalladas sobre cada artículo, votando en bloque los proyectos.

El fast track fue esencial para que el Congreso aprobara en tiempo récord las leyes y reformas necesarias para implementar lo acordado en La Habana.

Durante el segundo mandato del expresidente Juan Manuel Santos, la Corte Constitucional aprobó el uso del llamado fast track para acelerar la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las extintas Farc, un importante paso desde que el acuerdo original enfrentó obstáculos tras un plebiscito previo.

Con esta medida se buscó que el Congreso aprobara reformas legales y constitucionales a mayor velocidad, con el objetivo de agilizar el proceso de paz pactado con la guerrilla desmovilizada.

Con una votación de ocho a favor y uno en contra, la Corte Constitucional avaló este mecanismo excepcional ya ratificado por el Congreso seis meses antes. Esta vía rápida redujo significativamente los tiempos necesarios para tramitar diversas reformas cruciales, incluyendo leyes de amnistía e indulto, justicia transicional y la habilitación de las Farc como un partido político legal.

El ahora expresidente Juan Manuel Santos expresó su confianza en que la ley de amnistía e indulto sería aprobada antes de finalizar el año, según señaló en 2016. Además, este mecanismo aseguró que el acuerdo de paz se cumpliera bajo futuras administraciones y otorgara al presidente la capacidad de emitir decretos con rango de ley. La Corte, en ese entonces, dictaminó que el uso del fast track no contraviene la Constitución del país.

En un esfuerzo por avanzar en la implementación del acuerdo de paz, Gustavo Petro, anunció su intención de proponer un fast track al Congreso, las Cortes y la sociedad. Este mecanismo busca acelerar el trámite de leyes relacionadas con ocho puntos clave que el mandatario considera fundamentales para fomentar la paz y la igualdad en el país.

Gustavo Petro reveló esta iniciativa durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, subrayando la importancia de un acuerdo nacional para lograr estos objetivos. Entre los puntos a ser tratados con agilidad se incluyen la modificación de normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo para fomentar la inversión en territorios específicos.

Además, se propone cambiar la distribución del sistema general de participaciones para priorizar municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pedet).

Otro tema destacado es la excarcelación de campesinos productores de coca, bajo el argumento de que “es un simple vegetal que ha sido criminalizado”. En línea con esto, se propone la optimización y nuevas inversiones forzosas, como el Plan Marshall, destinado a inversiones productivas en áreas de cultivo de hoja de coca.

La iniciativa también contempla la creación de una figura de conversión de concesión hereditaria y familiar en zonas selváticas de Colombia, y una reforma agraria para realizar una “compra administrativa exprés de la tierra”. Asimismo, se planea establecer un sistema único de verdad, justicia y reparación para todos los actores del conflicto, incluyendo paramilitares, militares, guerrilleros, civiles y organizaciones de narcotráfico.

Adicionalmente, Gustavo Petro busca extender el plazo para la implementación del acuerdo de paz por siete años más, permitiendo una ejecución más efectiva de las medidas acordadas.

La propuesta del presidente Petro desató una serie de críticas que ven la medida como una forma de imponer una dictadura en el país.Así lo expresó en su cuenta de X, la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal. “Esto es un Golpe de Estado. Es la propia dictadura del Régimen”.

Por su parte, el expresidente Iván Duque también alertó sobre las consecuencias que tendría la implementación de este mecanismo el cual es catalogado por él como un “abuso”.

“Pero olvidan que, gracias a la demanda que ganamos en 2017 ante la Corte Constitucional, ya no hay “Fast Track” vigente. Así que deberán avanzar con un acto legislativo (8 debates) para reformar la Constitución. Buscan un mecanismo espurio para debilitar el trámite legislativo, y así, debilitar al Congreso en una sustitución de la Constitución. Ya hemos derrotado estos abusos una vez y lo haremos cuantas veces sea necesario”, dijo Duque.