La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra del senador Álex Flórez Hernández por presuntos delitos de violencia intrafamiliar agravada. La diligencia se centrará en un incidente específico ocurrido el 18 de febrero de 2021.
El senador Flórez, senador por el Pacto Histórico, enfrenta graves acusaciones que se fundamentan en un documento expedido por la EPS Sura. En este documento, se registran signos de violencia física hacia Johanna Peláez Botero, madre del hijo de Flórez.
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El informe médico específico del caso, publicado por el columnista Alejandro Villanueva, detalla que la víctima presentaba “eritema y edema en la región de parótida derecha”, lo que confirma una agresión física.
Las circunstancias detrás de esta acusación son serias. Villanueva reveló que Flórez, en el pasado, intentó obtener el aval del partido Alianza Verde para participar en las elecciones, pero este incidente de violencia supuestamente frustró sus planes.
La senadora Angélica Lozano, en declaraciones al diario El Colombiano, confirmó que conocían el episodio y que la solicitud de Flórez fue retirada dos días antes de que la colectividad pudiera votar al respecto. Lozano añadió: “Entre los argumentos para decirle no, estaba esta información”.
Las reacciones no se han hecho esperar. Luz María Múnera, candidata a la Cámara por el Pacto Histórico en Antioquia, ha exigido la salida inmediata de Flórez del grupo, subrayando que es inaceptable la violencia sobre una mujer.
En un comunicado, Múnera expresó que “exijo de manera oficial a la dirección nacional del Pacto Histórico que, de igual manera, exija la renuncia inmediata de Álex Flórez a nuestra lista al Senado de la República”. Este llamado a la acción también menciona un altercado reciente entre Flórez y Susana Gómez Castaño (Susana Boreal) durante el cierre de campaña de Gustavo Petro en Medellín.
Por su parte, Flórez y Peláez han emitido un comunicado conjunto en el que no niegan tajantemente la agresión, pero sí afirman haber construido una buena relación alrededor de su hijo. Además, en el documento, denuncian que las acusaciones forman parte de un ataque electoral.
“Algunas personas inescrupulosas anteponen los intereses que libran en el plano público sobre nuestra intimidad y nuestra paz, haciendo acusaciones que distan de la realidad y que perturban la paz de nuestras vidas familiares”, dice el comunicado, el cual también incluye un llamado de Peláez a respetar su vida familiar.
Este caso, que había sido conocido anteriormente por la Comisión de Igualdad de Género del Partido Verde, ahora está bajo escrutinio público nuevamente. Villanueva argumenta que las razones detrás del rechazo del Partido Verde hacia la candidatura de Flórez se debieron a estas acusaciones específicas de violencia. Dos fuentes adicionales confirmaron al diario El Colombiano la existencia de este episodio de violencia, aunque no está claro si hubo conciliación o una denuncia formal.
La publicación del estado médico inicial, que detalló signos de violencia como llanto fácil (síntoma de depresión o estrés) y enrojecimiento de la piel en la región del antebrazo, ha desencadenado una serie de rechazos y reacciones en el ámbito político. La EPS Sura documentó que Peláez presentaba un traumatismo superficial en el oído y otros signos de violencia física tras llegar a urgencias.
La continuidad del caso y las repercusiones políticas en torno al senador Alex Flórez Hernández continúan desarrollándose, en un contexto donde las denuncias de violencia intrafamiliar y los cuestionamientos éticos a los candidatos en puestos públicos están bajo constante vigilancia.
Varias figuras claves del entorno del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, han sido integradas en diversas instancias del Gobierno nacional en los últimos meses. Recientemente, Esteban Restrepo, quien fuera Secretario de Gobierno en la administración de Quintero, fue nombrado Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia.
Otro de los aliados de Quintero ha sido Fernando Pulgarín Castaño, quien asumió el 17 de junio como contratista del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Esta entidad está adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Pulgarín, con un salario de 11 millones de pesos durante un contrato inicial de cuatro meses, tiene la tarea de actuar como gestor social en el programa Jóvenes en Paz, que incluye la identificación y selección de beneficiarios, así como la organización de talleres y campañas de difusión.
La relación de Pulgarín con Quintero es bien conocida, así como su asociación con el senador Álex Flórez. En el pasado, Pulgarín estuvo involucrado en una controversia publicada por la revista Cambio, donde se denunciaba que contratistas de la universidad pública Pascual Bravo estaban realizando campaña política a su favor.
Flórez, quien ha sido señalado por convertir el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Medellín en un foco burocrático durante su paso como concejal, ha enfrentado denuncias de presiones a contratistas para apoyar la candidatura de Pulgarín, tal como reportó el diario El Colombiano en abril de 2023. Estas denuncias incluyeron presuntos cobros de comisiones de los honorarios de dichos contratistas para financiar proyectos políticos.
La integración de al menos una decena de exfuncionarios o allegados del gobierno de Quintero en cargos a nivel nacional, abarca varias entidades, como la Unidad para la Gestión del Riesgo y el Ministerio de Minas.