Fiscalía embargó bienes de funcionarios del Inpec valorados en $1.300 millones por corrupción en cárcel La Modelo

La Fiscalía General de la Nación implementó medidas de extinción de dominio sobre bienes de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) implicados en actos de corrupción en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Esta acción forma parte de una investigación que ha revelado la adquisición irregular de 19 propiedades mediante recursos obtenidos dentro del centro penitenciario.

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Los bienes, valorados inicialmente en 1.300 millones de pesos, incluyen un lote en zona rural de Granada, en el departamento de Cundinamarca, dos inmuebles urbanos, doce vehículos y cuatro establecimientos comerciales en Bogotá, entre ellos, un restaurante, un spa y dos negocios de venta de llantas y rines, según informó la Fiscalía.

La Fiscalía explicó que los funcionarios del Inpec colaboraban con internos y comerciantes de la zona para ingresar elementos prohibidos a La Modelo, como estupefacientes, licor, celulares y sim cards, que se almacenaban en tiendas cercanas al centro penitenciario. A cambio, los funcionarios recibían importantes sumas de dinero, las cuales fueron presuntamente utilizadas para adquirir los bienes entre 2020 y 2022.

La Fiscalía explicó que estos bienes permanecerán bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de las irregularidades y establecer responsabilidades penales. Este proceso busca desmantelar las redes de corrupción y garantizar que los implicados enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

Este hecho ocurre en medio del proceso disciplinario que inició la Procuraduría contra Daniel Fernando Gutiérrez, director del Inpec, por presunta omisión en la protección de Élmer Fernández Velasco, director de la cárcel La Modelo, quien había denunciado amenazas contra su vida días antes de ser asesinado.

Fernández Velasco expresó su temor por su seguridad y la de su familia el pasado 9 de mayo ante el Inpec y la Fiscalía, luego de recibir un panfleto amenazante de un miembro de la banda La Inmaculada de Tuluá. Seis días después, el 15 de mayo, fue asesinado a tiros mientras se movilizaba en un automóvil en Bogotá. La apertura disciplinaria también incluyó a Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director de Custodia y Vigilancia.

La Fiscalía General de la Nación ha reveló un grave caso de corrupción en Buenaventura, involucrando a la ex directora del Inpec de y exsecretaria de Gobierno de esa ciudad. María Liliana Vivas Paz fue imputada el 20 de mayo del 2024 por utilizar su posición para exigir pagos ilegales a los presos.

Según señaló la Fiscalía, Vivas Paz habría solicitado un millón de pesos a cambio de modificar el lugar de reclusión de los internos, trasladarlos de patio y facilitarles el contacto con familiares y abogados. Los hechos ocurrieron mientras Vivas Paz dirigía el Inpec de Buenaventura.

Además, se mencionó que Vivas Paz actuó en complicidad con el dragoneante Jhon Fredy Casanova Jaramillo, quien también estaba vinculado a la investigación. En al menos cuatro ocasiones, juntos recaudaron un total de 15 millones de pesos, lo cual habría permitido que ambos excedieran sus funciones y cometieran faltas disciplinarias, conforme a lo anunciado por la Fiscalía.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario también identificó el 28 de mayo a varios trabajadores implicados en actos de corrupción en el departamento de Antioquia. En este trabajo de reconocimiento, dos dragoneantes y un inspector de la cárcel de Sonsón en Antioquia fueron puestos bajo investigación por delitos relacionados con cohecho y tráfico de sustancias ilegales.

Los funcionarios señalados son el inspector Javier Mauricio Charry Cutiva y los dragoneantes Esteban Chávez y Julián Ruiz, quienes fueron delatados por un colega incriminado en incidentes similares el año pasado.

Mientras los dragoneantes han recibido una suspensión de 90 días, al término de la cual podrían reincorporarse, el inspector Charry Cutiva ha sido detenido y trasladado a un centro carcelario. Según un reporte del Inpec, a corte del mes de mayo hubo 3,700 funcionarios bajo investigación, con 42 procesos judiciales abiertos, 53 destituciones, 107 suspensiones, 12 multas, 13 amonestaciones y 160 capturas.