Contraloría encontró irregularidades por más de $3.000 en obras de colegio en Bucaramanga

Un reciente informe divulgado por la Contraloría de Bucaramanga reveló una serie de irregularidades en el contrato de remodelación del Instituto Técnico Dámaso Zapata, con hallazgos fiscales, penales y disciplinarios que suman $3.887 millones.

Según el ente de control, los señalados como presuntos responsables incluyen al exalcalde Juan Carlos Cárdenas, que fungía como ordenador del gasto, y al exsecretario de Infraestructura Iván José Vargas Cárdenas. Además, están implicados el Consorcio Dámaso Zapata y el Consorcio Inter Tecnológico CP.

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Una de las principales irregularidades señaladas en el informe es el uso de material incorrecto para la superficie y el cerramiento de la cancha de fútbol. Un estudio de granulometría realizado por la Universidad Industrial de Santander (UIS) mostró que el material empleado contenía partículas gruesas que no debían estar presentes en el suelo tamizado. Este error en la elección de materiales pone en entredicho la calidad de la obra entregada.

El informe también destacó el deterioro de las mallas de nylon usadas en la cancha, que se atribuyó al mal uso por parte de los estudiantes. Sin embargo, la Contraloría cuestionó si estas mallas eran adecuadas para el fin y si su resistencia cumplía con las especificaciones iniciales del proyecto.

Otra grave observación del informe se refiere a las órdenes de demolición de edificios en el instituto, que se emitieron sin contar con los recursos financieros necesarios para su posterior reconstrucción. Este hecho pone en evidencia una falta de planificación y previsión financiera por parte de los responsables del proyecto.

La Contraloría de Bucaramanga trasladó los hallazgos fiscales a la Subcontraloría Municipal de Bucaramanga para que se realicen los trámites correspondientes. Por su parte, los hallazgos disciplinarios fueron remitidos a la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, mientras que los penales fueron enviados a la Fiscalía General de la Nación Seccional Bucaramanga para su respectiva investigación.

Las implicaciones de los hallazgos revelados por la Contraloría de Bucaramanga en el contrato de remodelación del Instituto Técnico Dámaso Zapata pueden ser amplias y significativas, afectando diversos aspectos institucionales, legales y sociales.

• Implicaciones legales y disciplinarias: la identificación de presuntos responsables, incluyendo a exfuncionarios como el exalcalde Juan Carlos Cárdenas y el exsecretario de Infraestructura, Iván José Vargas Cárdenas, puede desencadenar procesos judiciales y disciplinarios. Estos individuos podrían enfrentar sanciones que van desde inhabilitaciones para ocupar cargos públicos hasta procesos penales.
• Impacto en la administración pública: el escándalo podría erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, especialmente en la capacidad de los gobiernos locales para gestionar proyectos de infraestructura de manera transparente y eficiente. Esta desconfianza puede dificultar la implementación de futuros proyectos y la colaboración entre los diversos actores involucrados.
• Consecuencias financieras: el mal uso de los recursos y la necesidad de rectificar los errores cometidos pueden implicar costos adicionales significativos. Es probable que se requieran más inversiones para reparar o rehacer las obras defectuosas, lo que podría generar un desvío de fondos que podrían haberse utilizado en otros proyectos necesarios para la comunidad.

• Repercusiones en el sector educativo: la deficiente ejecución del proyecto de remodelación afecta directamente al Instituto Técnico Dámaso Zapata y a sus estudiantes. La calidad inadecuada de las instalaciones deportivas y la demolición de edificios sin planes claros de reconstrucción pueden perjudicar el entorno educativo, impactando negativamente en la experiencia de los estudiantes y en la funcionalidad del instituto.
• Efectos en la credibilidad institucional: la revelación de irregularidades podría socavar la confianza pública en las instituciones gubernamentales. La percepción de corrupción o mala gestión puede incrementar el escepticismo entre los ciudadanos respecto a la capacidad de los funcionarios públicos para administrar los recursos de manera eficiente y ética. Esta pérdida de confianza puede dificultar la gobernabilidad y la implementación de futuros proyectos públicos.