Así será la reforma a los servicios públicos que el Gobierno nacional llevará al Congreso

El Gobierno nacional dio a conocer que se encuentran en las etapas iniciales de la reforma a la ley de servicios públicos domiciliarios, propuesta por el presidente Petro.

Este plan de reforma se presentará al Congreso de la República durante el segundo semestre del año, aunque todavía no se han hecho los borradores correspondientes.

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La administración explicó que están por comenzar las mesas de trabajo necesarias, en las que se evaluarán las modificaciones propuestas.

En una reunión inicial, participaron representantes de los Ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente, Vivienda y Tecnologías de la Información, así como de las Superintendencias de Servicios Públicos. Durante el encuentro, se estableció el cronograma y se delineó una estrategia de trabajo que incluirá a usuarios, prestadores y sectores sociales que serán impactados por esta reforma.

Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), señaló que “hemos llevado a cabo acciones concretas junto con el ministro de Minas, Andrés Camacho, para que en el Congreso sea discutida próximamente la reforma a los servicios públicos que hoy dejan por fuera de la cobertura a los sectores populares y más vulnerables del país”.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, destacó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos ministerios y entidades implicadas, indicando que se diseñará una ruta de trabajo que asegurará la inclusión de todos los comentarios y sugerencias provenientes de diferentes sectores.

“Tendremos una ruta de trabajo para garantizar que el texto incluya todos los comentarios y todas las sugerencias desde los diferentes sectores, ministerios, dependencias y entidades para lograr que la reforma sea estructural y que garantice los cambios que queremos entregarle al país en materia de servicios públicos”, afirmó Camacho.

La propuesta de reforma girará en torno a seis ejes temáticos, según lo reveló el DNP. Estos ejes son la justicia tarifaria, la universalización de la prestación del servicio, el usuario como el centro de la regulación, el fortalecimiento institucional y la gobernanza, la focalización de subsidios y la participación comunitaria en la prestación del servicio. La meta principal es que esta reforma beneficie realmente a los ciudadanos, cumpliendo así con uno de los compromisos del presidente Gustavo Petro.

Por su parte, Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, destacó que el núcleo de esta reforma debe ser el usuario. Además, enfatizó la necesidad de alcanzar un consenso entre todas las partes involucradas, desde los ministerios hasta los prestadores de servicios, para asegurar que los cambios propuestos sean para el bien común.

“El centro de la reforma sea el usuario y que se tenga un consenso de todas las partes, ministerios y prestadores de servicio para el bien común y no el particular”, resaltó Quiroga.

Así mismo, el cronograma de trabajo y la estrategia acordada durante la reunión inicial permitirán un proceso participativo e inclusivo. Durante las mesas de trabajo se tomarán en cuenta las opiniones y necesidades de los diversos sectores afectados, buscando incorporar sus sugerencias en el texto final de la reforma.

Esta reforma está diseñada para abordar las deficiencias actuales en la cobertura de servicios públicos, especialmente en relación con los sectores más vulnerables. Al respecto, Alexander López resaltó la importancia de que la reforma incluya medidas específicas para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios para estos sectores.

La administración también se ha comprometido a seguir avanzando en sus acciones concretas para asegurar que la reforma a la ley de servicios públicos domiciliarios sea estructural y efectiva. Se espera que con la colaboración de todos los ministerios y entidades involucradas, se logre un texto de reforma inclusivo y representativo de las necesidades de la población.

Colombia enfrenta significativos desafíos en la provisión de servicios públicos básicos, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Un reciente análisis revela que 12,8 millones de colombianos no tienen acceso a servicios de acueducto de calidad. Además, 3,2 millones de personas carecen por completo de acceso al agua potable.

Durante el Congreso de Andesco, el director del DNP destacó la situación crítica en las regiones más remotas del país, mencionando que “en pleno siglo XXI hay 2,6 millones de compatriotas de las zonas rurales sin agua y 600 mil ciudadanos de las periferias que no pueden abrir una llave”.

En cuanto a la cobertura de energía eléctrica, el sector alcanza un 94,9%. Sin embargo, aproximadamente 818 mil viviendas, lo que equivale a unos 4 millones de personas, permanecen sin este servicio, principalmente en zonas vulnerables. Aunque ha habido un aumento en la cobertura, persisten importantes brechas de calidad.

De acuerdo con cálculos del DNP, la calidad del servicio en Bogotá es hasta cinco veces superior comparada con regiones como Caquetá. A nivel de cobertura, Bogotá registra un 99,9% de hogares con acceso a energía, frente al 55% en el departamento de Vichada.

Este panorama evidencia la inequidad y desigualdad persistentes en la provisión de servicios públicos en Colombia, con marcadas diferencias entre las áreas urbanas y rurales. La situación presentada durante el Congreso de Andesco subraya la urgencia de implementar medidas que mejoren el acceso y la calidad de estos servicios en las regiones más rezagadas del país.