Por posible irregularidades en obras del estadio El Campín, Procuraduría investiga a exdirectores del Instituto Distrital de Recreación y Deporte

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que se encuentra investigando a los directores del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) de Bogotá por presunto detrimento patrimonial en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por aproximadamente 4.700 millones de pesos.

Los directores a los cuales está investigando el ministerio público son Pedro Orlando Durán Pérez y Blanca Inés Durán Hernández. La decisión también acoge al subdirector técnico de parques del Idrd, Javier Orlando Suárez Alonso.

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De acuerdo con el ente disciplinario, existen “posibles anomalías en las liquidaciones efectuadas por concepto de permisos de aprovechamiento económico de los espacios del centro deportivo, los cuales se otorgaron a los equipos de fútbol del Distrito y a una empresa de telefonía por parte del Instituto, en calidad de administrador del citado escenario deportivo”.

El Coliseo Cubierto El Campín, mejor conocido como Movistar Arena, también está involucrado en el proceso, motivo por el cual la Procuraduría aseguró que se encuentra examinando la presunta omisión de verificación o seguimiento al uso dado a dos locales en el estadio El Campín.

Por su parte, la Procuraduría Primera Distrital busca esclarecer los hechos que son objeto de investigación ordenándose la práctica de las pruebas necesarias.

El precio por el alquiler del estadio, el Distrito pide un valor equivalente al 12,48 % de la taquilla recaudada, pero en caso de que no se alcance el porcentaje, el precio mínimo de cobro es de 9.280.000 pesos.

Ahora bien, dependiendo del aforo del evento, El Campín recibe una clasificación y son las siguientes: Clase A: 35.129 personas, Clase B: 17.564 personas y Clase C: 8.782 personas.

De igual forma, se cobra por puntos de expendio y venta de comida, torres de iluminación y material publicitario. Los precios varían dependiendo la clasificación que reciba El Campín.

La Procuraduría sancionó por diez meses al exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique, por presuntas irregularidades en la designación de Moisés Ninco Daza, embajador de Colombia en México.

La decisión del ministerio público en contra de Luna y Manrique fue tomada en primera instancia. Durante la Comisión Evaluadora de los Medios, realizada el 16 de enero de 2023, la entonces rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, presentó pruebas concluyentes de que Ninco Daza no cumplía con los requisitos para el cargo.

Montoya destacó que la Universidad Nacional no estaba de acuerdo con aplicar el artículo 11 del Decreto Ley 770 de 2005, argumentando que los conocimientos de Ninco Daza no eran suficientes para compensar excepcionalmente los requisitos del cargo.

A pesar de lo expuesto por Montoya, el exministro Luna Tapia defendió que Ninco Daza tenía las cualidades necesarias para ejercer el cargo, aunque no cumplía con los requisitos académicos, que incluyen una carrera profesional y un posgrado, homologables con dos años de experiencia en cargos relacionados.

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra dos altos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director general (e), y Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director de Custodia y Vigilancia.

La medida se toma a raíz de la aparente omisión de sus funciones, que pudo haber facilitado el asesinato de Élmer Fernández Velasco, director de la cárcel La Modelo, ocurrido el pasado 16 de mayo en Bogotá.