Preocupación por lo que pasará con los recibos de luz, agua y gas ante nueva reforma que planea el Gobierno Petro

El Gobierno de Gustavo Petro sigue insistiendo con la presentación de reformas sociales en el Congreso de la República. Luego de sacar adelante la reforma tributaria de 2022, así como al reciente reforma pensional y tener adelantado el proyecto de reforma laboral, prepara la de los servicios públicos, eso sí, sin dejar a un lado la de la salud.

Al respecto es poco sobre lo que se conoce, pese a que se viene con anuncios hace más de un año, pero cada vez hay más detalles que salen a la luz.

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Sobre esto habló la presidenta de Transportadora de Gas Internacional (TGI), Mónica Contreras, que manifestó su preocupación respecto a la iniciativa. Destacó que, aunque han trabajado más de un año para concretar esta propuesta con el Gobierno nacional, todavía falta visibilidad sobre los detalles específicos del documento.

Contreras hizo hincapié en la importancia de continuar construyendo sobre las bases establecidas en los últimos 30 años. “Hemos invitado a seguir construyendo sobre lo que hemos construido en estos últimos 30 años”, dijo a La República. Según Contreras, la invitación está abierta para sentarse conjuntamente a identificar qué aspectos deben ser potenciados y cuáles deben ser dejados atrás o actualizados.

La presidenta de TGI remarcó la necesidad de participación y colaboración entre el Gobierno nacional y los actores del sector. Agregó que “la invitación que estamos haciendo está orientada hacia comprender los aspectos esenciales que queremos potenciar y evaluar aquellos componentes que habían sido eficaces en algún momento, pero que ahora deben ser reconsiderados”.

La incertidumbre acerca de los elementos que integran la reforma genera inquietud en los sectores involucrados, según lo expresado por la dirigente. “Todavía no tenemos lectura de qué trae ese documento”, dijo al enfatizar la falta de información clara y la importancia del diálogo abierto para garantizar que la reforma sea beneficiosa para todas las partes.

No obstante, precisamente, el Gobierno dio un poco más de información al respecto. El 10 de julio dio a conocer que el proyecto de reforma a los servicios públicos estará centrado en el ciudadano y en buscar la justicia tarifaria, según lo anunciado por el Gobierno del Cambio.

Liderada por los Ministerios de Minas; Ambiente; Vivienda; TIC; la Superintendencia de Servicios Públicos y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la reforma busca mejorar la prestación de servicios públicos domiciliarios con justicia tarifaria.

“Han sido acciones concretas las que hemos llevado a cabo junto con el ministro de Minas, Andrés Camacho, para que en el Congreso sea discutida próximamente la reforma a los servicios públicos que hoy dejan por fuera de la cobertura a los sectores populares y más vulnerables del país”, indicó el director del DNP, Alexander López Maya.

Durante el encuentro se trazó el cronograma de trabajo y la estrategia con usuarios, prestadores y sectores sociales. El ministro Camacho destacó el trabajo articulado entre los distintos ministerios y entidades. “Tendremos una ruta de trabajo para garantizar que el texto incluya todos los comentarios y todas las sugerencias desde los diferentes sectores, Ministerios, dependencias y entidades para lograr que la reforma sea estructural”, dijo.

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, enfatizó en la importancia de llegar a acuerdos claros para el beneficio de la ciudadanía: “Consenso y usuario, que el centro de la reforma sea el usuario y que se tenga un consenso de todas las partes, Ministerios y prestadores de servicio para el bien común y no el particular”.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, se adelantaron seis ejes temáticos en los que girará la propuesta de la reforma de la Ley de Servicios Públicos:

1. Justicia tarifaria.
2. Universalización en la prestación del servicio.
3. Usuario como el centro de la regulación.
4. Fortalecimiento institucional y gobernanza.
5. Focalización de subsidios.
6. Participación comunitaria en la prestación del servicio.

El presidente Gustavo Petro ha impulsado la idea de establecer un modelo de regulación enfocado en las necesidades de los usuarios y en la universalización de la cobertura. “Las leyes hoy vigentes de servicios públicos pusieron en un lugar privilegiado a los empresarios, pero dejaron a los usuarios en la calle”, dijo el mandatario en la movilización por la vida de septiembre de 2023.

Según una radiografía de la prestación del servicio público en Colombia hecha por el DNP, 12,8 millones de personas no tienen acceso a un servicio de acueducto de calidad, y 3,2 millones carecen completamente de acceso al agua potable.

En el pasado Congreso de Andesco, el director del DNP destacó que “en pleno siglo XXI hay 2,6 millones de compatriotas de las zonas rurales sin agua y 600.000 ciudadanos de las periferias que no pueden abrir una llave”.

En términos de energía eléctrica, la cobertura alcanza el 94,9%, pero cerca de 818 mil viviendas (cerca de 4 millones de personas) no tienen acceso al servicio, especialmente en las regiones más vulnerables. Además, la calidad del servicio presenta disparidades significativas, siendo cinco veces mejor en Bogotá en comparación con el departamento de Caquetá.