Pese a los ataques en su contra, esquema de seguridad de Francia Márquez no se reforzará, aseguró el director de la UNP

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, descartó un incremento en el esquema de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez tras el reciente ataque a su caravana en el departamento del Cauca.

Rodríguez explicó que, aunque la caravana de la alta funcionaria fue atacada, el esquema de protección actual es “suficientemente robusto y grande”.

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El ataque sucedió cuando la caravana de Márquez transitaba por una carretera del Cauca. Según Rodríguez, el informe preliminar indica que “hay dos vehículos impactados al parecer por delincuentes del Estado Mayor Central”. En este sentido, se explicó que el esquema de seguridad vigente cubre tanto sus desplazamientos en Bogotá como en otras regiones del país.

Rodríguez subrayó la importancia de mantener la guardia alta para proteger a todos los funcionarios bajo la protección de la UNP. Aclaró que por ahora, la institución no planea modificar el esquema de seguridad de la vicepresidenta. Según sus palabras, “consideramos que está acorde y sencillamente según el informe es el mismo”.

El funcionario resaltó que es crucial estar “muy alertas” en la protección no solo de Márquez, sino también de “todos los protegidos y protegidas de la UNP”. A raíz de estos sucesos, la entidad revisará de manera constante los esquemas de seguridad para garantizar la mayor eficacia posible.

En el año 2024, la UNP en Colombia ha estado en el centro de una serie de escándalos de corrupción que alcanzaron niveles alarmantes, comprometiendo la confianza en esta entidad encargada de la seguridad en el país.

La Procuraduría General de la Nación inició tres investigaciones disciplinarias contra servidores y exservidores de la UNP debido a múltiples denuncias de corrupción e irregularidades en la gestión de la entidad. Estos procesos incluyen la revisión de contratos y la conducta de varios funcionarios. “El director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y los medios de comunicación fueron los primeros en alertar sobre estas prácticas cuestionables”, según indicó un representante de la Procuraduría.

Otro foco de atención es la supuesta complicidad de algunos escoltas de la UNP en actividades delictivas, como el narcotráfico. “Se han señalado casos relacionados con narcotráfico y manejo inapropiado de las asignaciones de seguridad”, destacó un informe interno.

El escándalo no termina ahí. También se han descubierto casos de blindajes falsos en vehículos, lo que no solo representa un mal uso del presupuesto público, sino que pone en riesgo la vida de las personas que dependen de estos sistemas de seguridad. Además, se informa, “una camioneta fue incautada con cocaína, y se ha implicado a un presidente de un sindicato en ofrecer servicios de protección de forma ilegal”.

Desde diversos sectores de la sociedad y medios de comunicación, se ha solicitado que las investigaciones se realicen de manera rigurosa y transparente para aclarar las responsabilidades y restaurar la confianza en esta entidad. Las aparentes irregularidades van desde operaciones financieras cuestionables hasta el mal manejo de contratos públicos y la colusión con actividades ilegales.

Por todo lo anterior, la UNP se encuentra en una situación crítica que exige una respuesta efectiva y contundente por parte de las autoridades competentes. La Procuraduría General de la Nación y otros organismos de control tienen la tarea de investigar a fondo estos hechos y determinar las sanciones correspondientes. La credibilidad de la Unidad Nacional de Protección está en juego y, con ella, la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para garantizar su seguridad.

Estas revelaciones pusieron en la mira tanto a los actuales como a los exfuncionarios de la UNP, quienes deberán rendir cuentas ante la justicia. “Las investigaciones en curso deben arrojar luz sobre las responsabilidades y garantizar la transparencia en la gestión de esta entidad crucial para la seguridad del país”, afirmó un representante de la Procuraduría. La comunidad internacional observa atentamente el desenlace de estos procesos, que podrían marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en Colombia.