Por muerte de manifestante durante el paro nacional de 2021 en Cundinamarca, mayor de la Policía solo pagará $18 millones

El mayor de la Policía Carlos Javier Arenas fue declarado responsable disciplinariamente por la muerte de Brayan Niño Araque. La decisión fue comunicada por la procuradora de la Sala Segunda de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, Olga Liliana Suárez, y contempla una multa de $18 millones.

Esta decisión ha generado el rechazo de grupos defensores de derechos humanos, quienes consideran que esta decisión dejaría en impunidad los hechos en los cuales perdió la vida Niño Araque.

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El incidente ocurrió el 1 de mayo de 2021 durante las protestas del paro nacional en Madrid, Cundinamarca. En ese entonces, Brayan Niño Araque recibió un impacto en la cabeza de un proyectil de lanzagases de 40 mm disparado desde una tanqueta antidisturbios, lo que fracturó su cráneo y causó su fallecimiento.

El mayor Arenas, quien se encontraba en una tanqueta del Esmad supervisando los servicios de la Policía, admitió haber disparado el lanzagases tres veces. Uno de esos proyectiles fue el que impactó a Niño Araque, indicó El Espectador.

Por lo anterior, la Procuraduría concluyó que aunque Arenas fue responsable del disparo, no tuvo intención de causar un daño fatal, calificando su conducta como culposa.

Arenas solo enfrentará una sanción económica y no será inhabilitado para ejercer cargos públicos. Esta decisión, para la organización de derechos humanos DH Colombia y la familia de la víctima, resulta insuficiente.

Argumentan que casos similares han tenido resoluciones más severas, mencionando el caso del expatrullero del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios y que hoy es conocida como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden —Undmo— ) Néstor Samuel Pacheco, quien fue destituido e inhabilitado por 18 años por un incidente similar ocurrido en Usme, Bogotá.

Las diferencias entre las sanciones impuestas en casos similares han generado controversia y denuncias de impunidad. Olga Liliana Suárez justificó la sanción basándose en la ausencia de intención delictiva por parte de Arenas y en el complejo contexto de las protestas violentas.

La defensa de Arenas argumenta que el disparo se realizó como parte de las actividades propias del servicio y bajo una situación de extrema tensión. Mientras tanto, la representación de las víctimas busca llevar el caso a una segunda instancia para obtener una sanción que consideran más justa.

El fallo ha causado indignación entre los defensores de derechos humanos y la familia de Brayan Niño Araque, quienes continuarán en su lucha por justicia.

El 18 de julio de 2023, la Fiscalía General de la Nación imputó al mayor Carlos Javier Arenas por su acción. En ese entonces, el fiscal del caso aseguró que había pruebas suficientes para indicar que el agente estaba dentro de la tanqueta. De igual forma, que él estaba en condiciones de prever las consecuencias de disparar a los manifestantes.

Durante la audiencia, el abogado defensor de Arenas, Hollman Ibáñez, solicitó el aplazamiento de la misma, argumentando que ya había confrontado a la Justicia Penal Militar. No obstante, la juez de garantías negó la solicitud y procedió con la imputación de cargos.

Flor del Carmen Niño, madre de la víctima, estuvo presente en la audiencia. En mayo de 2022, la Corte Constitucional determinó que la Fiscalía tenía competencia para investigar y procesar a Arenas debido a posibles incumplimientos en los protocolos de uso de armas no letales.

El incidente ocurrió cuando Brayan Niño y su hermana Marlin intentaban regresar a su casa tras ver al Esmad dispersar las marchas. Al acercarse a su hogar, una tanqueta disparó y una de las balas impactó en el ojo derecho de Brayan, quien murió antes de llegar al hospital.

La Justicia Penal Militar y Policial emitió una orden de captura contra el mayor Arenas el 6 de mayo de 2021. Antes de ser capturado, Arenas afirmó en una entrevista con Semana que había seguido los protocolos y que no fue entrenado para matar, sino para proteger a la sociedad.