Jueza suspendió audiencia en el caso de fraude procesal y soborno contra Álvaro Uribe: estudiará solicitud de nulidad interpuesta por la defensa

Las diligencias en el caso del expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal se retomaron este miércoles 10 de julio, después de varias semanas que el proceso estuvo pausado por cuenta de acciones legales interpuestas por las partes.

Sin embargo, aunque se suponía que la audiencia programada para hoy estaría enfocada en la acusación contra el exmandatario, el trámite tomó otro giro y se centró en una solicitud de nulidad presentada por la defensa del exmandatario, el abogado Jaime Granados.

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Entre los argumentos del litigante que interpuso el recurso de queja, se alegó irregularidades que, según ellos, invalidarían todo lo actuado hasta la fecha. Pero este recurso fue rechazado por la jueza que dirige la audiencia de acusación.

Sin embargo, el recurso de queja fue resuelto a favor del expresidente, lo que permitió que el caso regresara al Tribunal Superior de Bogotá, que ahora debe dar a la defensa tiempo para argumentar la nulidad del proceso y tomar una decisión antes de continuar con la acusación.

Durante la audiencia de este miércoles, la defensa del expresidente hizo énfasis en lo que consideran una contradicción procesal. Comentaron que, aunque se tuvo en cuenta una decisión que condensa la imputación para negar la preclusión, finalmente solo se consideró la indagatoria para proceder al juicio. Según el togado defensor, esto plantea una inconsistencia fundamentalmente en los principios del proceso penal.

“Entonces, tenemos aquí una gran contradicción para negar la preclusión, si se tuvo en cuenta una decisión que condensa la imputación. Para efectos de entrar al juicio, ahí sí no se toma en cuenta la imputación, sino solamente la indagatoria, es decir, de dónde se extrae que la imputación cambia o se modula respecto al escenario procesal. Acaso son principios basilares del proceso penal”, señaló el equipo del expresidente.

La solicitud de Granados también argumenta que el proceso en contra de Uribe debe ser anulado por un error procedural, alegando diferencias clave en la acusación. Según Granados, cuando en 2020 la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente, se hablaba de una presunta intención eventual y no de una intención directa, como posteriormente lo hizo la Fiscalía.

La jueza a cargo del caso, quien ya había negado anteriormente la solicitud de nulidad, aceptó el recurso interpuesto por Granados y remitió la decisión al Tribunal Superior de Bogotá. La jueza enfatizó que el expediente está a punto de prescribir, lo que añade urgencia al proceso judicial.

La Fiscalía acusó a Álvaro Uribe en mayo de utilizar a terceros para obtener testimonios favorables en expedientes que lo vinculan con el apoyo al paramilitarismo. Pese a la negativa inicial de la jueza a aceptar la nulidad, el abogado defensor reiteró que el procedimiento seguido por la Fiscalía es incorrecto. La defensa sostiene que desde el inicio se vinculó a Uribe bajo la modalidad de intención eventual y no una intención directa, lo que según ellos, cambia totalmente el panorama de la acusación.

Adicionalmente, cuando el expresidente renunció al Congreso en 2020, el proceso fue trasladado de la Corte Suprema a la Fiscalía bajo el mando de Francisco Barbosa. Los fiscales que intentaron cerrar el caso en los últimos cuatro años lo hicieron bajo la presunción de intención eventual, según el abogado Granados.

“No se trata de una simple variación”, subrayó Granados en su intervención, indicando que el cambio en la modalidad de la acusación contraviene el principio de representación clara de los hechos jurídicos relevantes.

Una queja oficial fue presentada contra la jueza argumentando que, con el cambio de fiscal general en 2024 y una nueva visión institucional del caso, no se puede acusar al exmandatario con una intención directa sin una diferencia sustancial en las pruebas. “Los hechos jurídicamente relevantes deben ser claros e inequívocos y eso fue desconocido por la primera instancia”, sostuvo Granados ante el tribunal.

Con la audiencia de este 10 de julio, queda pendiente la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre si el caso debe ser reiniciado o la acusación replanteada debido a los alegatos de error procedimental. Este fallo podría tener importantes implicaciones para el futuro político y legal del expresidente Uribe, así como para el panorama jurídico en Colombia.