Buscan que la dosis mínima vuelva a ser delito: Consejo de Estado admitió demanda para tumbar el decreto que la despenalizó

El pasado 7 de diciembre del 2023, el presidente Gustavo Petro anunció la derogación del decreto 1844 de 2018, que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos y le daba facultades a la Policía para incautar sustancias así estas no llegaran a los topes de la dosis mínima.

La medida, que fue altamente cuestionada por varios sectores del país, podría ser revocada por el Consejo de Estado, que admitió una demanda de nulidad interpuesta por Wilson Ruiz, exministro de Justicia durante el gobierno del presidente Iván Duque, y que será estudiada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal.

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Justamente, el exfuncionario afirmó en su demanda que la decisión del actual mandatario de los colombianos permitiría la venta libre de droga en el país.

“Interpuse demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto derogado por el presidente Gustavo Petro. Esto con el propósito de evitar que los expendedores de drogas, consumidores de dosis mínima y traficantes sean los más beneficiados. Mi objetivo es proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas deportistas que utilizan parques y espacios públicos en su vida diaria. No podemos permitir que los delincuentes tengan más derechos por encima de las familias”, escribió el exministro Ruiz en su momento, a través de su cuenta de X.

Inclusive, el mismo expresidente Iván Duque defendió que el decreto “buscaba decomisar drogas en las calles, no criminalizar consumidores. Era una medida contra los jíbaros para garantizar entornos seguros. Con las nuevas disposiciones, les llegó su diciembre a los delincuentes. Otra medida en favor del crimen y el detrimento de los niños, niñas, la juventud y las familias colombianas”.

No obstante, el presidente Gustavo Petro recalcó que el decreto nuevo busca perseguir a los grandes narcotraficantes y no a los consumidores de las ciudades.

“Si la constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes, sino en perseguir a los grandes capos de la droga, y en perseguir los delitos que afectan a la ciudadanía”, escribió el mandatario en su momento.

Tras ser admitida, el Consejo de Estado deberá notificar a la Presidencia, y a los ministerios de Interior, Justicia y Defensa Nacional, así como a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Estos dos últimos tendrán 30 días para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas o llamen en garantía, de ser el caso.

Pero este no ha sido el único decreto que el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, ha demandado ante el Consejo de Estado. A finales de mayo de este año, el exfuncionario pidió la nulidad del decreto que dio vía libre al Presupuesto de la Nación del gobierno de Gustavo Petro.

“El decreto que liquida el Presupuesto General de la Nación limita presupuestalmente a entidades del orden nacional relacionadas con educación, salud, economía”, explicó Ruiz en la demanda.

La petición busca proteger el presupuesto de entidades como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Superintendencia de Servicios Públicos, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que para juicio del exministro de justicia, “son corporaciones vitales para la nación porque son las encargadas de materializar la ejecución de programas para beneficiar a las personas”.

Además, Wilson Ruiz indicó que “el Dapre y el Ministerio de Hacienda están disponiendo procesos que son internos y no están sustentados en leyes o normativas, afectando así el ordenamiento jurídico nacional”.

Igualmente, el exfuncionario demandó el artículo que estableció el cese al fuego con las disidencias de las Farc, acto que fue admitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “El incumplimiento de este artículo, por parte del gobierno de Gustavo Petro, pone en peligro a la población colombiana y vulnera sus derechos”, se lee en la demanda.