Militares retirados cuestionaron la política de paz del Gobierno Petro y pidieron rechazar “con firmeza” el terrorismo

Varias organizaciones que representan a miembros retirados de las Fuerzas Militares enviaron una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, y al comisionado para la paz, Otty Patiño, expresando su profunda insatisfacción con la política de Paz Total impulsada por el Gobierno y el recrudecimiento de la violencia en el país.

Para los reservistas, veteranos, víctimas y pensionados de la fuerza pública, los recientes episodios de violencia en Colombia, han evidenciado deficiencias en los diálogos de paz promovidos por el Gobierno. Entre los eventos más impactantes se encuentran los ataques terroristas del Estado Mayor Central de las Farc y la creciente presencia armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en diversas zonas del país.

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Destacan que el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones armadas ilegales ha crecido acelaradamente, aumentando su control territorial y social, afectando la misión constitucional de la fuerza pública y dejando desprotegida a la población civil.

Así mismo, denunciaron que el incumplimiento de los ceses al fuego y la ineficacia de los mecanismos de monitoreo también han contribuido a la falta de seguridad y paz en amplias regiones del país.

“(...) Observamos además violaciones a los ceses al fuego, inoperancia de los mecanismos de monitoreo y verificación, y ausencia de implementación de acuerdos concretos materializados en reales alivios humanitarios a las comunidades azotadas por el multicrimen, residentes en muy amplias zonas del territorio nacional. Gobernanza criminal y fragmentación de la soberanía del Estado colombiano”, expresaron los militares retirados en la misiva.

La usurpación de funciones por parte de estructuras criminales es otro problema que identificaron las organizaciones, señalando que estas han comenzado a ofrecer bienes y servicios a las comunidades, asumiendo roles del Estado.

Ejemplos de ello incluyen la construcción de infraestructuras como escuelas y puentes, acompañadas por propaganda y eventos de inauguración, “con presencia de población coaccionada, ejecución de paros armados, implantación de medidas de control de población (como carnetizaciones, expediciones de permisos de tránsito o presencia, restricciones de la movilidad, cierres de comercio, suspensiones de actividades rutinarias) que evidencian flagrante suplantación de las autoridades legítimas de nuestro Estado Social de Derecho”.

También mostraron preocupación por la presencia de estas estructuras criminales en cascos urbanos y vías de amplio tráfico, con acciones de afectación e intimidación a la población como lo hemos evidenciado en el departamento del Meta con las amenazas contra el alcalde de Lejanías, la restricción de movilidad y el cierre constante de los comercios en San Juan de Arama, entre otros hechos.

“Lo sucedido varias veces en departamentos como el Cauca, Nariño, Meta y Antioquia, en donde organizaciones criminales instrumentalizan abierta y frecuentemente a la población civil y a guardias campesinas e indígenas con el fin de expulsar a los soldados de estos territorios mediante asonadas, constituye una práctica cada vez más establecida que ratifica el deterioro de la institucionalidad del Estado”, destacaron.

En Colombia, persisten los altos niveles de violencia debido a la acción de grupos armados ilegales que atacan tanto a la población civil como a las fuerzas de seguridad del país. Según informes de Indepaz, en 2024 se han registrado 37 masacres, y han sido asesinados 15 firmantes de paz y 89 líderes sociales.

Ante este panorama, los militares retirados señalaron: “Día a día los colombianos despertamos con el reporte de la ocurrencia de acciones terroristas por parte de las organizaciones criminales, los atentados con explosivos en centros poblados y a la fuerza pública, el uso de artefactos no convencionales, las amenazas y paros armados, los asesinatos selectivos, extorsiones, el asalto a sedes del Banco Agrario en las regiones, el incremento exponencial del secuestro, e incluso un ataque armado al padre de la vicepresidenta de la República”.

A estas crudas realidades, advirtieron, se suma una nueva y preocupante amenaza: el uso indiscriminado de drones con explosivos, “muestra que los grupos criminales avanzan hacia nuevas y más letales formas de actuar, mediante uso perverso de tecnologías sofisticadas”. Esta realidad, a su vez, muestra dos situaciones preocupantes para las organizaciones: “1. Las organizaciones criminales cuentan con suficiencia de recursos financieros para su fortalecimiento, y 2. Triste e increíblemente, las organizaciones criminales han obtenido capacidades que antes no ostentaban, en este caso específico el espacio aéreo era un dominio único de fuerza pública”.

Ante el recrudecimiento de la violencia en Colombia, los militares retirados hicieron un llamado al Gobierno nacional y al comisionado para la Paz para que tomen medidas al respecto. Estas son:

1. Implementar respuestas inmediatas y contundentes para proteger a toda la población y restaurar el control territorial e institucional del Estado.
2. Establecer y exigir cumplimiento estricto de los ceses al fuego. Se preguntan, ¿cuál es el reproche institucional a las infracciones de las estructuras armadas al cese al fuego? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Cuáles las medidas que se adoptarán desde las mesas de negociación?
3. Consolidar y exigir operación efectiva de los Mecanismos de Monitoreo y Verificación (MMV) y la efectiva actuación de los representantes de los diferentes garantes.
4. Rechazar con claridad y firmeza las acciones de terrorismo que ejecuten estructuras armadas ilegales en contra de la población civil, la fuerza pública y la institucionalidad.
5. Disponer el uso de todas las capacidades de las fuerzas de seguridad y defensa del Estado para prevenir y combatir todas las amenazas terroristas en el país. Paralelamente, consideran necesario adecuar el marco jurídico de actuación de la fuerza pública frente a estos escenarios.
6. Adoptar políticas efectivas de seguridad en las regiones, con un componente preventivo y disuasivo respecto a la sustitución de economías ilícitas, construcción de la confianza en las instituciones y restablecimiento de la autoridad estatal.