Gobierno Petro a responder ante la Organización Internacional del Trabajo por acusaciones de violación sindical

El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrentará una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debido a unas denuncias presentadas por la fracción independiente de la Confederación General del Trabajo (CGT), bajo la presidencia de Miryam Luz Triana.

La denuncia, que acusa al administración de violar derechos sindicales, fue recibida por el organismo de las Naciones Unidas, que solicitó al Gobierno nacional proporcionar sus observaciones sobre el caso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El Comité de Libertad Sindical instó a la administración a enviar sus comentarios sobre las denuncias tan pronto como sea posible. Según el documento, las quejas fueron enviadas el 23 de octubre de 2023, y los días 30 y 31 de mayo de 2024.

“De conformidad con el procedimiento en vigor, el contenido de sus comunicaciones se ha transmitido al Gobierno para que comunique tan pronto como sea posible sus observaciones”, indicó la OIT en una misiva.

El Ministerio del Trabajo, liderado por la ministra sindicalista Gloria Inés Ramírez, se encuentra en medio de una huelga que lleva más de un mes sin acuerdo con los delegados de Ramírez. El comité de protesta ha denunciado penalmente a Ramírez, alegando que no se permite una paralización completa de las funciones del ministerio, lo cual consideran una violación a los derechos sindicales.

Además, la CGT tiene un plazo de un mes para adjuntar información adicional que respalde la queja, así como cualquier actualización relevante de los hechos denunciados.

“Su organización dispone de un mes para enviar informaciones complementarias en apoyo de la queja”, estipula el documento de la OIT. La información debe incluir detalles sobre posibles acciones administrativas o judiciales relacionadas con los hechos denunciados.

En un contexto de algunas divisiones, ciertos sindicatos cercanos al Gobierno colaboran en el fortalecimiento de la protesta social, mientras otros afirman ser objeto de ataques por parte de entidades dependientes de la presidencia. La OIT ha destacado la existencia de procedimientos para la conciliación voluntaria a nivel nacional, lo cual podría suspender temporalmente el examen de la queja. “Estas medidas incluyen disposiciones para la conciliación voluntaria opcional a nivel nacional”, especificó la organización.

El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración examinará la queja en detalle, aun si no recibe las observaciones del gobierno en un tiempo razonable. “El Comité se verá obligado a examinar este caso aún en la hipótesis de que no se hayan recibido las observaciones del Gobierno”, agregó Karen Curtis, jefa del Servicio de Libertad Sindical en el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo.

Para concluir, el documento menciona que la OIT ha informado al gobierno sobre las disposiciones para la conciliación voluntaria y está disponible para proporcionar cualquier información adicional que se considere útil. La solicitud de asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo dependerá del acuerdo entre la organización querellante y el gobierno.

Desde el 31 de mayo, los sindicatos cesaron actividades. Este paro fue decidido por los miembros de las organizaciones sindicales debido a que, según afirman, no se han cumplido varios aspectos laborales acordados. Entre estos, se incluyen la nivelación salarial, el pago de bonificaciones, y mejoras en la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, señalan un presunto incumplimiento del Acuerdo Colectivo 2023-2025 por parte del ministerio.

Ramírez ha respondido que respeta el derecho de los trabajadores a realizar huelga, pero ha solicitado que se mantenga el funcionamiento de la cartera. La ministra expresó su disposición para establecer un diálogo a través de una mesa de negociación con los sindicatos involucrados. Sin embargo, los sindicatos consideran que esta apertura al diálogo no es suficiente, ya que aseguran que las acciones de la ministra continúan afectando la libertad sindical.

Además, los sindicatos denuncian que no se han pagado bonificaciones que les corresponden a los servidores públicos, entre ellas, la bonificación prometida para marzo. En relación al tema de las bonificaciones, un trabajador afectado, que prefirió mantenerse en el anonimato, afirmó: “Nos sentimos desmotivados y sin incentivo para continuar con nuestras labores bajo estas condiciones.”

Otro aspecto clave de la queja es la falta de mejoras en seguridad y salud en el trabajo. Según los sindicatos, se habían concertado compromisos para elevar los estándares de seguridad laboral que no han visto avances significativos. Juan Herrera, otro representante sindical, declaró: “La seguridad laboral es un derecho innegociable, y su incumplimiento pone en riesgo la salud y vida de los trabajadores.”