El ELN y la Segunda Marquetalia tenían un depósito con 65 minas en Nariño:las Fuerzas Militares las destruyeron

Las Fuerzas Militares interceptaron un depósito ilegal con 65 minas antipersonal listas para su instalación en la vereda Nacerá, ubicada en la zona rural del municipio de Barbacoas, departamento de Nariño. Los hechos tuvieron lugar en un operativo destinado a desmantelar actividades terroristas en la región.

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Según información proporcionada por las autoridades, los explosivos eran parte de un plan de la alianza entre la Segunda Marquetalia y el ELN para reforzar sus capacidades en Nariño. Se informó que el objetivo de estos grupos era sembrar los dispositivos en la maleza cercana al río Telembí, un área frecuentemente transitada por los pobladores locales y utilizada para la pesca.

En la operación, las tropas localizaron el depósito escondido entre la vegetación, donde los explosivos estaban cuidadosamente almacenados en bolsas plásticas. Este método de almacenaje estaba diseñado para evitar que los dispositivos fueran detectados por los habitantes de la región y los equipos militares desplegados en el área.

“Las minas antipersonal pertenecían a la estructura ‘Ariel Aldana’ de la Segunda Marquetalia”, destacaron las autoridades, subrayando la seriedad de la amenaza y la coordinación criminal en esa zona del país. La operación no solo reveló la presencia de los explosivos, sino también las intenciones de su uso.

Después de la localización del depósito, los técnicos antiexplosivos de las Fuerzas Militares procedieron a su destrucción controlada. Siguiendo estrictos protocolos de seguridad, lograron neutralizar los artefactos sin daño colateral, garantizando así la seguridad en la zona circundante.

“Nuestro objetivo es desmantelar cualquier intento de estos grupos criminales de sembrar terror entre la población civil”, declararon voceros de las Fuerzas Militares. Este descubrimiento se suma a una serie de operaciones recientes destinadas a minimizar las amenazas que estos grupos representan en diversas regiones del país.

El Departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, enfrenta una situación de seguridad y violencia alarmante. La región sigue siendo uno de los puntos críticos del conflicto armado interno. Su posición estratégica la convierte en un objetivo principal para múltiples grupos armados ilegales como disidentes de las Farc y el Eln.

Desde el segundo trimestre del 2023, se ha registrado una disminución en los asesinatos de líderes sociales en la región. Sin embargo, no deja de ser preocupante que municipios como Tumaco y Barbacoas sigan concentrando la mayoría de estos homicidios. Tumaco, en particular, es significativo en el tráfico de drogas y reporta elevados índices de asesinatos, lo que agrava aún más la situación.

Las comunidades de Nariño padecen graves afectaciones por el narcotráfico, el desplazamiento forzado y la violencia basada en género. La población civil está constantemente atrapada entre la confrontación de diversos grupos armados. Actualmente, se reporta la presencia de al menos diez grupos armados activos, entre ellos el Clan del Golfo, E-30 Franco Benavides, Cuyes, y Guerrillas Unidas del Pacífico.

En un esfuerzo por reducir la violencia, se ha iniciado un proceso de desescalamiento del conflicto con el Frente Comuneros del Sur del ELN. Las negociaciones involucran tanto a representantes del Gobierno Nacional como a las comunidades afectadas.

Las autoridades han intensificado los operativos en la región para enfrentar el accionar delictivo de estos grupos. En este sentido, se han llevado a cabo capturas y otras acciones específicas destinadas a desarticular las estructuras criminales. Además, parte del enfoque gubernamental es empoderar a las comunidades locales y fomentar la transformación del territorio hacia la paz.

El impacto de los delitos y la violencia en Nariño tiene numerosas facetas. Por ejemplo, el narcotráfico no solo contribuye al elevado índice de asesinatos, también es una causa directa de desplazamientos forzados de la población, generando una crisis humanitaria palpable. La presencia de cultivos ilícitos en la región es un factor decisivo en estos procesos de violencia y desplazamiento.

Con respecto a la disminución en los asesinatos de líderes sociales, las cifras indican una leve mejoría, destacando que las acciones de los organismos de seguridad pueden estar empezando a rendir frutos. No obstante, Tumaco sigue siendo un punto crítico y necesita una atención sostenida para prevenir nuevos actos de violencia.