Fiscalía pedirá que capturen a Olmedo López y Sneyder Pinilla, protagonistas del escándalo de la Ungrd

La Fiscalía General de la Nación se prepara para presentar mañana, miércoles 10 de julio, en el centro de servicios judiciales de Paloquemao las audiencias de solicitud de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), respectivamente.

Ambos están involucrados en un escándalo de corrupción relacionado con la compra de cuarenta carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, un contrato valorado en $46.000 millones.

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Los cargos que se imputarán a López y Pinilla incluyen interés indebido en la celebración de contratos y celebración indebida de contratos. La gravedad de estos delitos ha llevado a la Fiscalía a solicitar medidas de aseguramiento en centros carcelarios, con el fin de garantizar la comparecencia de los acusados y evitar cualquier posible obstrucción a la justicia.

Además, se espera que la Fiscalía también implique a Luis Eduardo López, contratista principal y propietario de la empresa que suministró los carrotanques. Este último enfrenta cargos adicionales por enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados, sin acceso a un principio de oportunidad debido a inconsistencias en sus declaraciones.

Este caso ha cobrado una gran relevancia política y judicial, no solo por el monto involucrado, sino también por la participación de altos funcionarios y contratistas en un esquema de corrupción que amenaza con desestabilizar la confianza en las instituciones públicas.

La adquisición de los carrotanques, destinada a paliar la crisis de agua en La Guajira, se ha convertido en un símbolo de la mala gestión y la corrupción endémica en la administración pública.

Olmedo López ha solicitado medidas de protección, argumentando que su vida está en riesgo debido a la información que posee y está dispuesto a revelar. Su defensa ha aportado más de doscientos folios de documentación que podrían desentrañar la magnitud del esquema de corrupción.

Entre las revelaciones se encuentran supuestas instrucciones de reparto de coimas por parte de congresistas destacados, lo cual podría implicar a figuras políticas de alto perfil en el caso.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de una transferencia de 180.000 millones de pesos al municipio de Girón, Santander. Este giro fue ordenado por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), actualmente detenido por la Fiscalía. Carlos Carrillo, actual director de la Ungrd, declaró que Olmedo López y Pinilla, junto con sus cómplices, realizaron entregas irregulares de fondos de inversión colectiva.

“Poco antes de irse, los criminales Olmedo López y Sneyder Pinilla, junto con sus cómplices, entregaron multimillonarios fondos de inversión colectiva de manera irregular. Nosotros, desde que llegamos, hemos tratado de deshacer esos convenios firmados con distintos municipios y con corporaciones autónomas”, afirmó Carrillo.

El funcionario explicó que, aunque había un acuerdo verbal con el alcalde de Girón para anular el convenio, el alcalde desapareció y se negó a colaborar, lo que llevó a la Ungrd a demandar su propio acto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El tribunal decretó una medida cautelar, anulando el convenio y asegurando que los 180.000 millones de pesos queden a buen recaudo para su redistribución equitativa.

El escándalo también involucra un contrato de 42.000 millones de pesos para atender una emergencia en Oiba, Santander. Este contrato, firmado bajo la administración de Olmedo López, generó controversia por su vinculación con los intereses políticos del exalcalde de Girón, John Abiud Ramírez. En septiembre de 2023, Pinilla destinó más de medio billón de pesos a tres municipios estratégicos para los fines políticos de Ramírez, según una investigación de Vanguardia. Estos movimientos financieros se alinearon con la promoción de candidatos afines a Ramírez en las elecciones municipales, quienes finalmente resultaron electos.

“No firmé porque sencillamente eso no era una calamidad. No era necesario firmar esa acta porque realmente no se necesitaba una declaratoria de emergencias. No hubo ningún desastre. Si se observan las fotografías que anexaron y se recorre los lugares que supuestamente están en alto riesgo, se puede observar que son obras de pavimentación, no de calamidad pública, como lo quisieron hacer ver”, emitieron desde el medio citado.