En el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se conoció que Luis Eduardo López, empresario vinculado a Impoamericana Roger S.A.S., presentó un preacuerdo a la Fiscalía General de la Nación, que implica la devolución de $4.232 millones y una condena de cuatro años de prisión, como parte de sus esfuerzos por reparar los daños ocasionados por el escándalo.
López, conocido también como El Pastuso dentro del contexto de este entramado de corrupción, se encuentra entre los implicados por las irregularidades descubiertas en el contrato de compra de más de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira. El caso reveló presuntos desvíos de fondos dirigidos por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, que salpicó a varios altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
En declaraciones a medios de comunicación, El Pastuso admitió que obtuvo el contrato a través de conexiones con altos funcionarios de la Ungrd, bajo la promesa inicial de resolver deudas pendientes con la entidad y aprovechar oportunidades de negocio.
“Yo llego por la necesidad de unos recursos que me debía la entidad y me busca un amigo y me dice que tiene la posibilidad de llevarme a la entidad, primero, para que me paguen el dinero que me están debiendo y para tener oportunidad de hacer negocio con unos carrotanques”, precisó López para Caracol Noticias.
Para asegurarse la adjudicación del contrato valorado en aproximadamente $46.800 millones, el contratista accedió a pagar una coima que el ex subdirector de manejo de desastres supuestamente demandaba. Según la declaración del contratista ante la Fiscalía, y como fue reportado por el medio mencionado, llegó a entregar $7.200 millones a Pinilla como un adelanto del porcentaje acordado por obtener el contrato.
Propuesta de Luis Eduardo López ante la Fiscalía
Por eso, el proceso legal contra Luis Eduardo López contempla la aplicación de diversas figuras delictivas, entre ellas el peculado por apropiación, cohecho y otros delitos asociados a la corrupción administrativa. La propuesta del preacuerdo sugiere una negociación donde se reconoce la participación del empresario en estos actos ilícitos, con la expectativa de una reducción en la pena a cumplir debido a su cooperación con las autoridades judiciales.
El documento presentado por Francisco Bernate Ochoa, defensor de El Pastuso, que fue divulgado por Red+, detalla los términos del preacuerdo propuesto:
- Compensación económica: se propone la devolución de 4.232.957.205 pesos, correspondientes a las ganancias obtenidas por López en el contrato de los carrotanques. Esta suma también contempla saldos pendientes que la Ungrd aún adeuda a Impoamericana Roger S.A.S.
- Reparación moral: además de la compensación económica, se incluye una reparación moral que consistirá en una disculpa pública dirigida al Estado y a la comunidad afectada por los daños causados.
En cuanto a los términos legales, el preacuerdo propone un estricto control de legalidad en relación con los delitos imputados. Se hace énfasis en que los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y peculado están siendo considerados bajo el principio de consunción, donde el delito de peculado absorbe o subsume al de enriquecimiento ilícito de particulares, según indica la defensa de López en la propuesta.
Respecto a los delitos específicos, se contempla la participación de López como coautor impropio en la modalidad de interviniente en delitos como cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, de acuerdo con lo que se lee en el documento. Para cada uno de estos delitos se propone una sanción ajustada a las circunstancias del caso, en consideración a los descuentos por su condición de interviniente y la ausencia de antecedentes penales previos.
La propuesta final incluye una pena de 48 meses de prisión, luego de aplicar los descuentos correspondientes por su cooperación con las autoridades judiciales. La defensa de López no se opone a la medida de aseguramiento propuesta, considerando la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de cumplir con las responsabilidades legales establecidas.
“Sobra decir que por las tipologías, no procede la sustitución de la medida de aseguramiento, ni los beneficios penales”, se lee en el documento. De esta manera, la Fiscalía deberá evaluar y eventualmente aprobar este preacuerdo propuesto por la defensa de López.