Crisis por el hacinamiento en estaciones de Policía y URI en Bogotá va en aumento: ya supera el 167%

El 9 de julio de 2024, la Personería de Bogotá alertó que el hacinamiento en las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI) en la capital del país llegó al 167%, al albergar 3.281 personas privadas de la libertad cuando su capacidad máxima es de 1.227.

Este escenario generó preocupación por el aumento en la tasa de hacinamiento en un 17% respecto a marzo de 2024, que registró un 150%. Este dato es especialmente alarmante, considerando que estos centros no están destinados a acoger a los detenidos de manera permanente, sino para albergar a las personas por un par de horas en las estaciones de Policía y un máximo de 36 horas en las URI.

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Según las cifras reveladas por la Personería de Bogotá, con corte al 8 de julio de 2024, las estaciones de Policía reportan una sobreocupación del 212%. Bosa, en particular, alberga hoy a 253 personas, aunque su capacidad es para 35, lo que representa un hacinamiento del 623%.

En la estación de Policía de Kennedy, por ejemplo, permanecen hoy 395 personas privadas de la libertad, cuando su capacidad máxima es de 60, lo que significa un hacinamiento del 558%. En Usaquén, este porcentaje llega al 490%, albergando 59 personas en un espacio con capacidad para 10.

Por su parte, Usme tiene una sobreocupación del 405%, seguida de San Cristóbal, con un 374%; mientras que Ciudad Bolívar registra un 345%; Terminal, un 320%; Rafael Uribe Uribe, un 270%; y Candelaria, un 257%.

Del total de personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y URI, 536 son extranjeras, de las cuales 75 tienen sentencia condenatoria. En las URI hay una sobreocupación del 64%.

Entre tanto, el Ministerio Público Distrital identificó 588 personas condenadas que aún permanecen en estos lugares, algunas de ellas llevan casi cuatro años, cuando deberían estar en centros penitenciarios. Además, hay 43 personas con detención domiciliaria.

Andrés Castro Franco, personero de Bogotá, instó al Gobierno nacional a tomar acciones inmediatas para resolver el flagelo del hacinamiento en estos centros de detención transitorios. Esta petición se enmarca en la necesidad urgente de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

En ese sentido, la Personería se comprometió a brindar asistencia jurídica con el objetivo de evaluar la implementación de una serie de mecanismos para garantizar los derechos de los infractores, tales como acciones de tutela y derechos de petición.

La situación de sobreocupación en las estaciones de Policía de Bogotá y las Unidades de Reacción Inmediata (URI) refleja un fenómeno que se presenta a nivel nacional, pues hay más del doble de personas en esos lugares con respecto a su capacidad.

Según las autoridades competentes, el alto número de presos en estos establecimientos obedece a la falta de espacio en los centros penitenciarios, lo que obliga a los centros transitorios a albergar a los convictos mientras se encuentra una solución.

Ante esta situación, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y los alcaldes de las cuatro principales ciudades de Colombia —Carlos Fernando Galán, de Bogotá; Federico Gutiérrez, de Medellín; Alejandro Éder, de Cali; y Álex Char, de Barranquilla— se reunieron para buscar soluciones inmediatas.

En el encuentro, las autoridades se comprometieron a trasladar a 1.000 detenidos de las URI a los centros penitenciarios y a centrar esfuerzos en mejorar las instalaciones de los centros de detención, con el objetivo de garantizar la calidad de vida de los reclusos y evitar las fugas debido al hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.