Salvatore Mancuso denunció ante la Fiscalía a tres funcionarios del Inpec: esta es la razón

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): Mauricio Ríos Moreno, director de la cárcel La Picota; Johan López Sánchez, director encargado del penal; y Ferney Ortiz Romero, encargado del área jurídica. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) los acusa de prevaricato por omisión y prolongación ilícita de la privación de la libertad.

Salvatore Mancuso, que actualmente se encuentra recluido en el pabellón nueve de La Picota, afirma que dos jueces de Justicia y Paz emitieron a su favor tres boletas de libertad que no fueron debidamente ejecutadas por el Inpec ni por los tres funcionarios denunciados. Según el ex líder paramilitar, su permanencia en la prisión “se ha prolongado de forma arbitraria e ilícita” debido a la omisión de los mencionados funcionarios.

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En su denuncia, Mancuso asegura: “Durante más de 130 días de reclusión que llevo en este establecimiento penitenciario, el Inpec, y en especial los aquí denunciados, han omitido la actualización y depuración de mi cartilla biográfica y hoja de vida, lo que ha resultado en la prolongación de mi privación de libertad de manera ilegal y arbitraria”.

El ex comandante de las AUC señaló que las autoridades de La Picota “han ignorado las órdenes judiciales de actualización y depuración” de sus registros, manteniendo “anotaciones y medidas de aseguramiento que ya no tienen vigencia legal”. Algunas de estas anotaciones, según la denuncia de cinco páginas, son de hace más de quince años.

Mancuso alega que estos funcionarios actuaron en detrimento de su libertad, que inventaron nuevos procesos o dudas ante procesos ya revisados y decantados cada vez que se les demostraba con documentos oficiales, que no existía ninguna orden para retenerlo.

El 5 de julio, la juez Luz Marina Zamora, de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz, ordenó liberar a Mancuso tras levantar las órdenes de detención y medidas de aseguramiento reflejadas en siete procesos que acumulan más de dos docenas de sentencias.

La juez también indicó que debía revisar ocho procesos más para determinar si existen otras medidas vigentes en su contra. Zamora aseguró que el ex jefe paramilitar podía gozar de su libertad si no es requerido por ninguna otra autoridad y explicó que ella misma debe verificar si otros entes judiciales han tomado decisiones sobre el beneficio para él.

Sin embargo, Mancuso y su defensa culpan al Inpec por la prolongación de su privación de libertad. “Los denunciados han omitido su deber de diligencia y verificación y hoy en día me están prolongando mi libertad sin causa legalmente sustentada”, dice el documento presentado por el exparamilitar.

“A pesar de haberse solicitado en innumerables ocasiones, el Complejo Carcelario de La Picota jamás sustanció mi cartilla biográfica y hoja de vida, con el propósito de prolongar de manera ilegal y arbitraria la privación de mi libertad, precisamente para hacer lo que está haciendo en estos momentos: negarme la libertad”, afirmó Mancuso en su denuncia.

Según Mancuso, un día después de la decisión de la juez Zamora, Johan López y Ferney Ortiz le informaron que existían varias medidas de aseguramiento en su contra, aunque el mismo 5 de julio le habían confirmado que no existía ninguna boleta de encarcelamiento o medida de aseguramiento legal vigente.

“Mi detención se torna ilegal y arbitraria”, se lee en la querella. “Y lo peor, han prolongado de manera ilegal y arbitraria la privación de mi libertad con información no veraz”, agregó.

La denuncia se basa en la violación de los artículos 28 y 29 de la Constitución Política de Colombia, así como en sentencias de la Corte Constitucional (T-079 de 1993) y la Corte Suprema de Justicia (SP12889-2017), de acuerdo con los argumentos presentados por Mancuso.

Además, se alega la falta de documentos legales válidos para la privación de libertad, lo que constituye una detención ilegal y arbitraria según el artículo 417 del Código Penal Colombiano, se puede leer en la querella.