Miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 criticaron la propuesta de Gustavo Petro: “Configura un golpe de Estado”

No paran las reacciones a la propuesta dada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la que se plantea la convocatoria a una nueva asamblea nacional constituyente, liderada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Recientemente, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que participaron en la consolidación de la carta magna hace 33 años, aseguraron que, de concretarse esta idea, el país entraría en una crisis institucional sin precedentes.

“Una Asamblea Constituyente por fuera de lo establecido en el artículo 376, suplanta al Congreso, a la Corte Constitucional y al pueblo; configura un golpe de Estado”, se lee en el comunicado firmado por nueve integrantes de dicha asamblea, entre los que se destacan los exministros Angelino Garzón, Gustavo Zafra, Juan Carlos Esguerra, Álvaro Echeverry Uruburo, entre otros.

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En la misiva, los miembros de la constituyente resaltaron que “al residir exclusivamente la soberanía en el pueblo, de él emana el poder público. El pueblo la ejerce en los términos que la Constitución establece, razón por la cual ningún servidor público puede pretender convertirse en el depositario de la soberanía, ni ejercer o suplantar las competencias que no le han sido expresamente asignadas”.

Además, los defensores de la carta magna insistieron en que “reconocer y respetar el mandato de un presidente no puede implicar el desconocimiento de la voluntad de los electores de los representantes a la Cámara y de los senadores que configuran la rama del poder público”.

Inclusive, mostraron su preocupación por las dificultades que atraviesa el país, y pidieron respeto por la división de poderes, factor clave para el funcionamiento de la democracia. “Las transformaciones en democracia se trabajan con determinación y serenidad, atendiendo convicciones y propiciando consensos, innovando y respetando el orden jurídico. No respetar la división de poderes o no respetar los derechos políticos fundamentales a participar en la conformación, ejercicio o control del poder político, asalta la Constitución”, expresaron.

De otro lado, los miembros de la Asamblea Constituyente de 1991 se refirieron a la posibilidad de convocar un nuevo poder constituyente, según lo estipulado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.

“El planteamiento según el cual el acuerdo con las Farc es una norma que habilita al presidente para convocar por decreto autónomo, con el fin de crear su propia reelección o ampliar su actual periodo, es un laberinto de redes, soportado en premisas falsas, sin asidero jurídico ni democrático alguno”, manifestaron en el comunicado.

Recordaron que “la reelección únicamente puede ser creada por referendo constitucional de iniciativa popular o por asamblea Constituyente, según el artículo 197 (...) La constitución es norma de normas. Los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, así como por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Finalmente, los miembros de la Constituyente de 1991 hicieron un llamado a los colombianos para que defiendan la democracia nacional. “Garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional es vital para la supervivencia de la democracia. La democracia necesita ciudadanos”, puntualizaron.

No han sido grandes días para el Gobierno, tras la propuesta dicha por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de concretar un acuerdo nacional para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente. Dicha propuesta ha recibido más críticas que aplausos por parte de diferentes sectores políticos del país.

Uno de los críticos fue el expresidente y Premio Nobel de Paz en 2016, Juan Manuel Santos, quien sostuvo que “en este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de convocar una constituyente es lo que menos necesitamos”.

Sin embargo, también hay voces a favor como el expresidente Ernesto Samper, quien señaló que este proceso se debe realizar ceñido al “trámite dispuesto por el artículo 376 de la Constitución que legitime cambios acordados para la Paz Total”.