Contraloría anunció hallazgos por $18.179 millones en auditoría a contratos de la primera línea del Metro de Bogotá

A través de un comunicado, la Contraloría General de la República informó que en la auditoría realizada a los contratos de troncales alimentadoras y complementarias de la primera línea del Metro de Bogotá, se encontraron 22 posibles irregularidades que alcanzarían una suma de 18.179 millones de pesos.

El ente de control señaló que este detrimento patrimonial corresponde a que el Distrito no dedujo tres estampillas distritales en los pagos efectuados por Transmilenio a los contratistas del proyecto, estampillas que corresponden a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Pro cultura y Pro-adulto mayor, respectivamente.

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“Se detectaron 22 hallazgos administrativos, de los cuales 14 tienen presunta incidencia disciplinaria y uno con connotación fiscal en cuantía de $18.179 millones”, señaló la Contraloría en un comunicado.

Asimismo, el organismo de control indicó que “en la auditoría, se revisó y evaluó la gestión fiscal de veinte contratos (10 de obra y 10 de interventoría), por un valor total de $2,69 billones, equivalentes al 71% del valor total de estas Troncales, $3,80 billones”.

En el comunicado, la Contraloría señaló que este seguimiento comenzó desde el pasado 3 de febrero de 2023, cuando los funcionarios del ente de control revisaron los contratos de obras de la primera línea del metro, que comprenden las troncales de la avenida Carrera 68, avenida Cali, avenida Caracas y el corredor verde de la Carrera Séptima.

“Una vez revisada la documentación de la ejecución de los contratos de la muestra de auditoría, se pudo establecer que las estampillas distritales Universidad Distrital, Pro Cultura y Pro personas mayores no se encuentran deducidas en las órdenes de pago aprobadas por el IDU y realizadas por Transmilenio S.A. a solicitud de éste”, informó la Contraloría en el comunicado.

A su vez, la Contraloría General de la República mencionó que “este hallazgo fiscal ha sido trasladado a la Contraloría Distrital de Bogotá, por ser el IDU y Transmilenio sujetos directos de su control”.

En este sentido, esta es la segunda investigación que se adelanta a los convenios de la primera línea del Metro de Bogotá en lo que va del 2024, luego de que en mayo de este año, la Fiscalía General de la Nación citara a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y a la senadora Angélica Lozano, para que explicaran cuál fue el manejo de recursos públicos para la construcción de la megaobra, esto luego de conocerse una conversación entre José Joaquín Silva y un ciudadano chino, revelada por la Revista Semana.

De hecho, la Corte Suprema de Justicia adelantó una indagación preliminar a la congresista del partido Alianza Verde, en la que se denunció una posible financiación irregular de la campaña que la llevó al Senado en 2022.

De acuerdo con lo expuesto por el tribunal, la Sala Especial de Instrucción tiene el caso en etapa de indagación previa, pues el magistrado ponente, Héctor Alarcón, está recolectando las pruebas necesarias para determinar si hay mérito suficiente para vincular a Lozano formalmente a la investigación.

Inclusive, tras conocerse la investigación por parte del alto tribunal, la senadora Angélica Lozano señaló en un comunicado que es un montaje, y afirmó que se trataría de una estrategia para atacarla moralmente.

“La Corte citó a Angélica Lozano en octubre del año pasado para darle trámite a la investigación. Ante la Fiscalía y la Corte, tanto el ciudadano chino como el colombiano declararon bajo juramento que no conocen a la alcaldesa, a la senadora, a los constructores del Metro, o a la empresa Metro”, explicaron la exalcaldesa y la senadora en el comunicado.

Añadieron que la primera línea del metro fue contratada en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa en 2019, por lo que aseguraron que “ni la senadora Lozano ni la entonces alcaldesa tuvieron ninguna relación con esa contratación (...) las obras no tienen ningún manto de duda y mi administración no va a ceder a las presiones del gobierno del presidente Gustavo Petro para tratar de frenar la primera línea”.