Excontratista del Inpec se robó millones de pesos de viáticos de viajes que no realizó: ahora tendrá que estar ocho años en prisión

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la condena de ocho años de prisión en contra de José Vicente Ballesteros Mejía, un excontratista del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que recibió de forma irregular dineros por concepto de viáticos entre 2006 y 2013.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada contra la Corrupción, obtuvo pruebas que dan cuenta del desvío injustificado de 1.249 millones de pesos de la caja menor del Inpec a la cuenta bancaria del excontratista. El ente judicial precisó que de la suma mencionada, Ballesteros Mejía se apropió de 559 millones de pesos, mientras que el dinero restante se entregó a terceras personas.

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La Fiscalía aseguró que la transferencia del dinero se soportó con el argumento de que correspondía al pago de comisiones y viajes a otras ciudades; sin embargo, la entidad estableció que, para las fechas referenciadas en los informes, el hoy sentenciado no tenía vínculo laboral ni contrato vigente con el Inpec, por lo que no podía recibir los recursos que le fueron desembolsados.

Ante las pruebas de la Fiscalía, Ballestero Mejía fue declarado responsable de los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito de particulares.

De igual forma, deberá pagar una multa equivalente a 37.500 salarios mínimos legales vigentes y cumplir una inhabilidad para el ejercicio de funciones y derechos públicos por 96 meses.

Lo sucedido con el excontratista se le suma el fallo de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación, en donde sancionó con destitución y 20 años de inhabilidad general al dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia Jorge Alexander Muñoz Baquero, por utilizar su cargo para sostener relaciones sexuales con una persona privada de la libertad en la Reclusión de Mujeres la Badea, del municipio de Dosquebradas, Risaralda.

De acuerdo con el ministerio público, “la Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que el disciplinado hizo prevalecer su deseo sobre la responsabilidad que le asistía como servidor público de respetar a las personas con quien tiene relación por el rol ejercido, que en este caso se trataba de una persona con un historial clínico y mental del que conocía y que se encontraba en estado de indefensión”.

Asimismo, el ente de control resaltó que el dragoneante se aprovechó de la frustración y aparente depresión de la mujer para engañarla y asegurarle que la cambiaría de lugar de reclusión si accedía a tener relaciones sexuales con él. La Procuraduría indicó que el dragoneante no tuvo “en cuenta el debido cumplimiento de sus funciones, que se encontraba en horario laboral y las directrices del personal de custodia y vigilancia”.

Según la Procuraduría se adujo que con la actuación de Jorge Alexander Muñoz Baquero, cometida en 2019, desconoció los principios de la función administrativa de igualdad y moralidad e infringió las disposiciones legales emanadas de su cargo, “por lo que calificó de manera definitiva la falta disciplinaria como gravísima cometida a título de dolo”.

El caso se suma a otros incidentes de abuso dentro del sistema penitenciario colombiano, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas y prácticas para evitar tales abusos. En el mismo año, otro episodio relacionado con abuso de autoridad involucró al capitán David Alexander Álvarez Cárdenas, acusado de maltrato a internas en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

Acumuladas desde años anteriores, las denuncias llevaron a su traslado por malos tratos y abuso de autoridad, según una misiva dirigida al general Ruiz, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y el defensor del Pueblo, Carlos Negret.

La fundación Movimiento Cárceles al desnudo remitió una carta a varios servidores públicos exponiendo las denuncias contra Álvarez Cárdenas que datan de diciembre de 2017.

Las acciones de la Procuraduría General de la Nación refuerzan la intención de erradicar los abusos de poder dentro de las cárceles, destacando la importancia de estos procedimientos disciplinarios para mantener la integridad del sistema carcelario.