Programa contra minas antipersona tiene 0% de ejecución del Dapre, denunció representante de Cambio Radical

En la tarde del jueves 4 de julio, cinco soldados profesionales y un suboficial, pertenecientes al Batallón de Operaciones Terrestres N°24 murieron luego de caer en un campo minado en la vereda Coposa, en Valdivia (Antioquia).

“Como consecuencia de esta cobarde acción terrorista fueron asesinados el Sargento Segundo Diego Armando Marín López y los Soldados Profesionales Yeison Gómez Chima, Jesús Manuel Casso Campo, Rodolfo José González Núñez, Andrés Stiven Ramírez Castaño y Cristian Julián Torres Delgadillo”, afirmó la institución castrense a través de un comunicado.

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De acuerdo con los reportes oficiales, los uniformados se encontraban en un “combate de encuentro” con presuntos integrantes de la comisión M de las disidencias de los frentes 16 y 38 y la guerrilla del ELN, cuando se produjo el atentado.

A este hecho se suma el ocurrido el 21 de junio, cuando seis policías cayeron en un campo minado en el sur de Bolívar, mientras realizaban labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, en zona fronteriza entre los municipios de Cantagallo y San Pablo.

Frente a este panorama violento, en el que grupos armados ilegales recurren a la instalación de estos artefactos explosivos prohibidos por el derecho internacional humanitario, la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, hizo una grave denuncia que evidenciaría falta de atención del Gobierno nacional para contrarrestar los ataques con minas antipersona hacia la fuerza pública y población civil.

De acuerdo con la congresista, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que dirige Laura Sarabia, cuenta con $7.395.586.225 en recursos asignados para el programa Consolidación de la acción integral contra minas antipersonal a nivel nacional (Aicma); sin embargo, a la fecha el programa está en 0% de ejecución.

“Después de la masacre de seis soldados por caer en un campo minado, pudimos constatar que el Gobierno nacional no ha ejecutado los recursos correspondientes al programa de acción integral contra minas antipersonas a nivel nacional que están a cargo del Dapre, según el @MinHacienda se destinaron 7.300 millones y tienen el 0.0% de ejecución”, escribió Arbeláez, vía X.

Para la parlamentaria, esta nula ejecución en los programas que atienden esta problemática y que afectan directamente a las Fuerzas Militares, hace parte de un debilitamiento a la institución. “Que impotencia ver cómo este gobierno debilita la fuerza pública y pone en riesgo la vida y la integridad de los soldados y de la población civil que son víctimas de estas armas letales. Indolentes!!”, complementó en su publicación.

Cabe recordar que, este programa nació en 2019 durante el gobierno de Iván Duque, que estipuló recursos “en gastos de funcionamiento de la Brigada de Desminado Humanitario. Tanto el incremento en la asignación de recursos de inversión para el Grupo de Acción contra minas de la OACP como los aportes de presupuesto nacional para la operación de la Brigada de Desminado, reflejan el reconocimiento de la importancia estratégica de la Aicma en la construcción de la paz territorial”, se lee en un documento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en 2020.

Según el Centro de Memoria Histórica, hasta noviembre de 2016, Colombia era el segundo país en el mundo, detrás de Afganistán, con el mayor número de nuevas víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG). Además, el país lideraba en el número de víctimas de la fuerza pública causadas por estos artefactos.

Actualmente, Colombia ocupa el sexto lugar a nivel mundial en víctimas totales y el segundo en víctimas de la Fuerza Pública, según datos difundidos por EFE. De los 9,4 millones de personas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), 12.228 fueron afectadas por minas antipersona, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.