Procuraduría inspecciona La Picota: investigan si guardias colaboraron en fuga de internos

Delegados especiales de la Procuraduría delegada para los Derechos Humanos realizaron una inspección en la cárcel La Picota de Bogotá para investigar la fuga de los presos Eusebio de Jesús Agudelo Hernández y Sebastián Molina López, ambos presuntos integrantes del Clan del Golfo y el grupo armado Los Rastrojos.

Los dos reclusos escaparon de una de las prisiones más conocidas del país el 28 de junio de 2024. El objetivo de la inspección es determinar la ruta exacta de escape y las condiciones que posibilitaron la fuga.

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El procurador Javier Sarmiento afirmó que en el contexto de la indagación “se recolectaron los elementos probatorios ordenados en el auto de apertura de indagación previa, correspondiente a documentos, fotografías y registros fílmicos que permitirán determinar la presunta participación de los guardianes en estos hechos”, como comunicó el ente investigador.

La intención es establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieron esta evasión. La investigación se centra también en determinar si hubo complicidad por parte del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Los primeros resultados de la investigación indican que los dos presos escaparon durante la madrugada del viernes, violando la seguridad de uno de los patios del penal. Según reportes, lograron salir de la estructura nueva del centro carcelario a través de una ventana y posteriormente por la parte posterior del complejo. Los guardias del Inpec notaron la ausencia de los reclusos solo cuando realizaron un conteo de los internos, según publicó Semana.

Eusebio de Jesús Agudelo Hernández fue capturado en 2013 como uno de los principales cabecillas de la banda criminal Los Rastrojos en Antioquia. Fue arrestado en medio de un enfrentamiento con tropas de la Brigada 14 en Amalfi y Yolombó. Por su parte, Sebastián Molina López fue detenido en 2022 y se le acusó de ser cómplice en un ataque al Batallón 21 Pantano de Vargas en Granada, Meta, que resultó en la muerte de un soldado y dejó nueve heridos.

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, declaró en diálogo con el medio que uno de los fugados “está condenado a 13 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y porte de armas”, mientras que el otro “es sindicado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir”.

Molina López, a su vez, fue señalado de haber planeado el ingreso de un motocarguero con 17 kilos de pentolita al interior de las instalaciones militares, escondidos en sacos de papa y yuca. Esto resalta la peligrosidad y la capacidad logística con la que cuenta dicha organización criminal. Al ser capturados, ambos individuos enfrentaban cargos por delitos violentos y su huida vuelve a poner en foco las debilidades de la seguridad penitenciaria en Colombia.

La Procuraduría General de la Nación, además, suspendió por tres meses al director de la cárcel La Tramacúa, el mayor (r) Carlos Yecid Molina, tras revelarse que internos del patio 3 organizaron una fiesta con drogas y licor. La prisión, ubicada en Valledupar, Cesar, fue el escenario de estos festejos que quedaron registrados en videos, los cuales sirvieron como prueba para tomar esta decisión.

El Inpec inició una investigación interna, pero la Procuraduría, bajo la dirección de Margarita Cabello, asumió el caso por tratarse de un hecho grave que apunta a la posible complicidad de varios guardias que permitieron el ingreso de sustancias prohibidas. La suspensión fue ordenada por el procurador regional del Cesar, Miguel Ángel Rocha, quien indicó que Molina pudo haber incurrido en omisión de sus funciones.

“Estamos verificando si la riña del 17 de junio, que dejó cuatro internos heridos, está relacionada con estos hechos”, declaró el ente disciplinario. Además, según el director del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, tras conocerse los videos se realizó un operativo en el que se decomisaron 24 celulares y varias cantidades de estupefacientes. A raíz de estos eventos, también se trasladaron a siete presos a otras cárceles del país y se inició una investigación disciplinaria contra cuatro funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia.