La Procuraduría General de la Nación decidió la destitución e inhabilitación por 20 años de Jorge Alexánder Muñoz Baquero, un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec) por aprovechar su posición para mantener relaciones sexuales con una interna.
Según la resolución de Primera Instancia, los hechos ocurrieron en la Reclusión de Mujeres la Badea en Dosquebradas, Risaralda, en 2019.
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El ente de control disciplinario identificó que Muñoz Baquero utilizó su cargo para influir indebidamente sobre una interna en situación de vulnerabilidad y estado de indefensión, tanto física como mentalmente. La Regional de Juzgamiento de Risaralda señaló que el dragoneante “hizo prevalecer su deseo sobre la responsabilidad que le asistía como servidor público de respetar a las personas con quien tiene relación por el rol ejercido”.
Así mismo, el Ministerio Público afirmó en su sentencia que el dragoneante “se aprovechó de la frustración y aparente depresión de la mujer para engañarla”.
La Procuraduría sostuvo que el funcionario engañó a la interna prometiéndole un cambio de lugar de reclusión si accedía a mantener relaciones sexuales con él, lo cual viola los principios éticos y legales de la función administrativa. “Muñoz Baquero desconoció los principios de igualdad y moralidad administrativa”, determinó la Procuraduría, subrayando la gravedad de la falta disciplinaria cometida con dolo.
Así mismo, en el comunicado oficial de la Procuraduría indicó que: “La Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que el disciplinado hizo prevalecer su deseo sobre la responsabilidad que le asistía como servidor público de respetar a las personas con quien tiene relación por el rol ejercido, que en este caso se trataba de una persona con un historial clínico y mental del que conocía y que se encontraba en estado de indefensión”.
El caso se suma a otros incidentes de abuso dentro del sistema penitenciario colombiano, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas y prácticas para evitar tales abusos. En el mismo año, otro episodio relacionado con abuso de autoridad involucró al capitán David Alexánder Álvarez Cárdenas, acusado de maltrato a internas en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.
Acumuladas desde años anteriores, las denuncias llevaron a su traslado por malos tratos y abuso de autoridad, según una misiva dirigida al general Ruiz, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
La fundación Movimiento Cárceles al desnudo remitió una carta a varios servidores públicos exponiendo las denuncias contra Álvarez Cárdenas que datan de diciembre de 2017. La situación refuerza la urgencia de mejorar la protección de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario colombiano, resaltando que la conducta de Muñoz Baquero es un ejemplo más de las infracciones cometidas por autoridades penitenciarias.
El ente de control disciplinario enfatizó en el incumplimiento de directrices por parte de Muñoz Baquero, señalando que su actuar contravino las obligaciones del personal de custodia y vigilancia. La Procuraduría afirmó que “la inhabilitación de Muñoz Baquero representa una advertencia contra el uso indebido del poder”.
Este proceso vuelve imprescindible adoptar medidas que aseguren el respeto hacia las internas y prevengan futuros incidentes. La destitución e inhabilitación del dragoneante buscan servir como ejemplo de las consecuencias que conlleva la transgresión de la ética y legalidad en el ámbito penitenciario.
Las acciones de la Procuraduría General de la Nación refuerzan la intención de erradicar los abusos de poder dentro de las cárceles, destacando la importancia de estos procedimientos disciplinarios para mantener la integridad del sistema carcelario. La resolución tomada en el caso de Muñoz Baquero resalta la necesidad de proseguir con una vigilancia constante y efectiva que asegure que los derechos de las personas privadas de la libertad se protejan adecuadamente.
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