Corte Suprema se inhibe de investigar a congresista Guerrero por escándalo de lavado de activos

La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar al congresista Wilmer Guerrero en relación con un caso de transporte sospechoso de 200 millones de pesos en efectivo, ocurridos justo antes de las elecciones. Guerrero, representante a la Cámara por Norte de Santander, es mencionado en un documento que resguardaba el veedor y periodista asesinado Jaime Vásquez. Este documento incluye una lista de 77 personas objeto de una investigación para la extinción de dominio por presunto lavado de activos, según reveló Daniel Coronell.

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El documento de la Dirección de Investigación Criminal e Internacional de la Policía (Dijín) solicita una orden para verificar datos relacionada con un caso de extinción de dominio. La información incluye a Guerrero, que ha sido señalado en peticiones a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para avanzar en investigaciones que, hasta ahora, han quedado sin respuesta.

La W accedió a documentos y peticiones a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que implican a Guerrero en una red de poder y corrupción en Norte de Santander, liderada por William Villamizar, según denuncias de Jaime Vásquez, asesinado el 14 de abril de 2024. Aunque estas solicitudes se han presentado, las investigaciones son inconclusas.

Guerrero fue detenido por las carreteras de Ocaña (Norte de Santander). Según el representante, fue absuelto en dos instancias judiciales de cualquier ilegalidad. Además, este caso está vinculado con la memoria de Vásquez, que documentó presuntas acciones ilícitas y fue asesinado en Cúcuta.

A pesar de diversas peticiones, la Corte Suprema de Justicia decidió no investigar a Guerrero en relación con el controversial caso de transporte de efectivo. La justificación dada se basa en el estatus de Guerrero, pues no era congresista en el momento del incidente.

El 10 de marzo de 2022, Guerrero fue detenido mientras transportaba una significativa cantidad de dinero en una camioneta. Sin embargo, el representante afirma que “es un dinero que he pedido prestado en una camioneta por tal motivo un juez determina ilegal mi captura”, subrayando que su detención fue considerada ilegal tanto en primera instancia como en segunda instancia. A pesar de la apelación de la Fiscalía, los jueces ordenaron la devolución del dinero, que posteriormente fue consignado en la cuenta de su campaña y reportado en el portal Cuentas Claras.

En la lista de Vásquez también figura el representante Wilmer Carrillo. Este hecho ha generado especulaciones sobre una posible conexión entre ambos políticos, aunque Guerrero ha desmentido cualquier vínculo o responsabilidad compartida, afirmando que “no tengo nada que ver con el representante Wilmer Carrillo y los procesos que haya llevado, yo respondo de manera individual por mis actuaciones que han sido apegadas a la ley”.

Durante su declaración, Guerrero explicó que el dinero en efectivo era necesario para realizar pagos de facturas y justificó su tenencia al decir: “Tenía que hacer un pago de facturas. El dinero era por la venta de una camioneta y lo otro un préstamo de un crédito que había hecho”. Añadió que en 2021 no era funcionario público y por ende no tenía conocimiento de ninguna lista relacionada con las investigaciones judiciales. Guerrero enfatizó que la Fiscalía y la Corte revisaron sus ingresos en 2022 y 2023 y no encontraron irregularidades.

El caso también se intersecta con otro hecho relevante: la decisión tomada por Wilmer Carrillo de archivar una investigación contra el fiscal Francisco Barbosa en la Comisión de Acusación de la Cámara, justo en el momento en que el caso que involucra a Guerrero se encontraba en la Fiscalía. La coincidencia de estos eventos ha avivado las especulaciones sobre posibles actos de encubrimiento o complicidad entre los políticos mencionados.

La empresa Bicol, mencionada por Guerrero como parte de sus vínculos comerciales, añade otra capa de complejidad al asunto. A pesar de la devolución del dinero y su reporte en las cuentas de campaña, las preguntas sobre la transparencia y la legalidad de sus fuentes de financiación persisten.